La reciente medida del Gobierno nacional que facilita el patentamiento de vehículos 0 km importados que no se comercializan oficialmente en Argentina ha generado preocupación en la industria automotriz. El sector advierte sobre disparidades técnicas, regulatorias y de costos frente a los exigentes requisitos que deben cumplir las terminales y los importadores oficiales. La normativa permite proceder con el patentamiento mediante un Certificado de Seguridad Vial (CSV) emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eludiendo el proceso integral de homologación que incluye la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). Según informó Infobae, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) manifestó su postura tras una reunión técnica interna. La entidad aclaró que no se opone a la iniciativa, pero exigió que se apliquen las mismas condiciones técnicas y económicas que rigen para los fabricantes y los importadores oficiales. De acuerdo con Adefa, los requisitos para obtener el CSV serían menos rigurosos, particularmente en seguridad y emisiones, que los estándares que actualmente deben cumplir las empresas para homologar un modelo destinado al mercado argentino. A esto se añade una notable diferencia de costos: el CSV tendría un valor de 100.000 pesos, mientras que los procesos tradicionales de homologación conllevan inversiones muy superiores, con ensayos, pruebas de impacto y calibraciones que pueden prolongarse más de un año. Más allá del efecto en la industria, la asociación destacó el riesgo para los consumidores, al señalar que los vehículos importados sin el respaldo de una terminal o importador oficial carecen de garantía y de un sistema asegurado de repuestos y servicio postventa. La discusión también involucra a los importadores no oficiales, denominados en el sector como “bolseros”, quienes podrían introducir vehículos desde el exterior sin certificaciones internacionales completas y habilitarlos para circular mediante el CSV, con un esquema de costos reducido: 100.000 pesos por la primera unidad y 500.000 pesos por cada vehículo adicional similar. Una perspectiva similar fue expresada por la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA). Su presidente, Ernesto Cavicchioli, indicó que la entidad no cuestiona la posibilidad de importar vehículos, pero alertó que el nuevo esquema crea desigualdad frente a los procesos de homologación vigentes, que pueden costar alrededor de 10.000 dólares. Cavicchioli subrayó, además, limitaciones técnicas para verificar el cumplimiento de normas ambientales. Según explicó, no es posible determinar en una revisión técnica común si un vehículo cumple con estándares como Euro 5, ya que se necesitan laboratorios especializados, equipamiento y reactivos que no están disponibles en las plantas de RTO. Desde CIDOA también advirtieron sobre potenciales problemas mecánicos y ambientales, ya sea por vehículos que no cumplen las normas locales o por unidades diseñadas para estándares superiores que podrían fallar al no contar con repuestos adecuados. En esos casos, el comprador no tendría respaldo de garantía ni provisión asegurada de piezas. Otro aspecto crítico es el acceso al seguro. Las compañías aseguradoras, explicaron desde el sector, suelen rehusarse a cubrir vehículos sin repuestos en el mercado, y si lo hacen, las pólizas son considerablemente más caras, dado que cualquier siniestro implicaría importar partes desde el exterior. Finalmente, Cavicchioli enfatizó la importancia de la trazabilidad de los vehículos, información crucial para los compradores. A diferencia de los autos comercializados oficialmente, cuyo recorrido desde fábrica hasta concesionario está documentado, los vehículos importados directamente pueden tener antecedentes desconocidos, como daños previos, largos períodos de almacenamiento o faltantes de piezas de seguridad. El debate permanece abierto en el sector automotor, donde se alerta que la simplificación administrativa no debería conllevar una reducción de estándares técnicos ni de protección al consumidor. Fuente: infobae.com Contexto histórico: La regulación de la importación y homologación de vehículos en Argentina tiene una larga trayectoria marcada por políticas proteccionistas y aperturas cíclicas. Durante décadas, el país ha alternado entre restricciones a las importaciones para proteger la industria local, establecida desde mediados del siglo XX, y medidas de liberalización. Los procesos de homologación, que evalúan seguridad y emisiones, se han ido actualizando, a menudo alineándose con estándares internacionales como las normas Euro. La tensión entre facilitar el acceso a una mayor variedad de vehículos y mantener controles de calidad que protejan a los consumidores y al mercado local es un tema recurrente en la política automotriz argentina.