El presidente Javier Milei rubricó una normativa que intensifica los mecanismos anticorrupción en los procesos de contratación pública, estableciendo parámetros más rigurosos para las compañías que aspiran a trabajar con el Estado. Mediante el Decreto 5/2026, difundido este martes en el Boletín Oficial, cualquier empresa o individuo que aparezca en los registros de inhabilitados del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo será automáticamente descalificado de concursos públicos. Esta exclusión se aplica sin requerir una sentencia judicial en Argentina ni que la falta esté directamente asociada a un delito específico.

La medida afecta directamente áreas como la obra pública, las concesiones y la adquisición de bienes y servicios, al ampliar significativamente los motivos de inelegibilidad. A diferencia del sistema anterior, que restringía la exclusión a casos de cohecho transnacional bajo los estrictos términos de la Convención de la OCDE, el nuevo marco abarca todas las prácticas sancionadas por los bancos multilaterales. Esto incluye conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida y cualquier otra causal prevista por esas instituciones.

Una modificación central, de carácter operativo pero con profundas implicancias políticas y económicas, elimina la validez de la mera declaración jurada del oferente. En adelante, los organismos públicos deberán realizar una verificación activa para comprobar si las firmas que presentan ofertas figuran en los listados internacionales de inhabilitados. De confirmarse esta circunstancia, las propuestas deberán ser rechazadas mientras permanezca vigente la sanción.

De los fundamentos del decreto se infiere que el Gobierno reconoce que la normativa previa resultaba de difícil o imposible aplicación práctica. Esto se debía a que los listados públicos del Banco Mundial y del BID no especifican el encuadre jurídico concreto de cada sanción. Esta limitación, advierte la disposición, generaba un vacío legal que impedía excluir a empresas con antecedentes graves en el exterior sin vulnerar principios de legalidad e igualdad en los procesos licitatorios.

La reforma busca, por tanto, eliminar esa zona de ambigüedad y convertir un criterio que existía 'en los papeles' en un instrumento efectivo y automático de control, con repercusiones tangibles para el sector empresarial. En la práctica, los antecedentes internacionales adquirirán un peso inmediato en el mercado local, incrementando el riesgo regulatorio para las compañías con historial negativo y reforzando la exigencia de políticas de cumplimiento normativo (compliance).

La decisión se enmarca en el mensaje que el Poder Ejecutivo intenta consolidar: normas más estrictas, menor discrecionalidad y tolerancia cero frente a prácticas irregulares, incluso en un escenario de apertura económica y búsqueda de una mayor inserción internacional. El decreto entrará en vigencia a los 15 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los procedimientos que se convoquen o autoricen a partir de ese momento.

Contexto histórico: La lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas ha sido un tema recurrente y de alta sensibilidad política en Argentina durante décadas. Diversos gobiernos han implementado marcos normativos con el objetivo declarado de aumentar la transparencia, a menudo en respuesta a escándalos de gran magnitud que erosionaron la confianza pública. La incorporación de estándares internacionales, como los de la Convención de la OCDE contra el Cohecho, refleja un intento por alinear la normativa local con prácticas globales. La decisión de la administración de Milei de vincular automáticamente la elegibilidad para contratar con el Estado a los listados de bancos multilaterales representa un paso significativo en esta dirección, buscando superar las limitaciones de aplicación que han afectado a iniciativas anteriores.