Un juzgado federal dictó medidas cautelares de embargo e inhibición sobre los bienes de exdirectivos del Banco de la Nación Argentina y empresarios del Grupo Vicentin, en el marco de la investigación por un presunto fraude millonario contra el Estado. El magistrado Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal 10, imputó a 18 exfuncionarios de la entidad bancaria y a seis representantes de la firma agroexportadora.

Entre los exdirectivos del Banco Nación afectados por la medida se encuentran el expresidente Javier González Fraga; el vicepresidente Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce. También figuran Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y Alejandro Fabián Díaz (síndico).

Por el lado del Grupo Vicentin, las medidas recayeron sobre el presidente Néstor Buyatti; el vicepresidente Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.

La resolución judicial, difundida por el sitio DataClave, establece que la finalidad del embargo es "asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión". Ercolini señaló además que "también será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito".

Según la imputación, entre agosto y diciembre de 2019, los funcionarios bancarios y los empresarios habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas públicas por un perjuicio patrimonial de US$ 304.328.665,75. Esta cifra corresponde al reclamo que el banco presentó en el concurso preventivo de la primera firma, una deuda que hasta la fecha permanece como "de cobro incierto".

La acusación sostiene que los funcionarios, "apartándose de la normativa que regula su actividad, habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones".

La maniobra también habría implicado "la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos -ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC-, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos". Por estas cuentas circularon, entre agosto y diciembre de 2019, US$ 795.651.945 y $2.031.118.902 respectivamente.

El fallo detalla que los funcionarios "habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 -también radicada ante el BNA-, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse". Esto permitió que "los empresarios pudieran sustraer el dinero de la esfera de la entidad".

Como consecuencia, a partir del 26 de diciembre de 2019, las nuevas autoridades del BNA resolvieron cancelar las obligaciones pendientes del Grupo Vicentin, "impidiendo que pudieran retener US$ 6.795.851, representativos de un 2,2 % del total de la deuda".

Para la Justicia, existió una "actuación coordinada entre funcionarios del BNA y empresarios, al haber perjudicado patrimonialmente al banco mediante el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de US$ 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019". Estos créditos se otorgaron "sin considerar que el grupo ya registraba, al 7 de noviembre de 2019, una deuda vencida y exigible de US$ 149.500.000, que superaba los límites normativos y que, además, carecía de calificación crediticia actualizada, así como de la autorización y garantías necesarias para acceder a nuevos créditos".

El fallo acusa a los empresarios, "en connivencia con los funcionarios del BNA", de haber "actuado con el fin de defraudar al banco para beneficiar a Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA, evitando el pago de las obligaciones contraídas, solicitando la liberación de fondos garantizados y obteniendo nuevos préstamos sin reunir las condiciones ni ofrecer garantías suficientes". Asimismo, "habrían desviado fondos que se encontraban bajo custodia del banco para evitar que fueran aplicados al pago de la deuda contraída".

La resolución judicial también destaca que "el grupo habría realizado operaciones bancarias destinadas a desviar y ocultar los fondos provenientes de la maniobra fraudulenta. Entre ellas, se menciona una transferencia de US$ 16.942.805 a una cuenta en el exterior sin justificación aparente, y el canalizamiento de $222.780.392,10 a través de once empresas mediante facturación apócrifa, cuyas actividades declaradas ante AFIP/ARCA no pudieron ser verificadas".

Tras una investigación de cinco años, el fiscal Gerardo Pollicita sostiene que, durante el período mencionado, autoridades del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin actuaron en connivencia para defraudar al Estado nacional. Según el fiscal, hubo una "coordinación" dentro del banco para omitir el cobro de la millonaria deuda, mientras los empresarios actuaron con complicidad.

Pollicita indicó que se trató de una "actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto". De esta manera, se desarticularon las garantías que tenía el banco y "le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido".

El fiscal planteó que los funcionarios del banco, lejos de proteger el patrimonio, "se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional". La fiscalía estima que el perjuicio para el Banco Nación ascendería a unos US$ 300 millones.

**Contexto histórico:** El caso Vicentin se inscribe en una serie de investigaciones judiciales sobre el otorgamiento irregular de créditos y la omisión de controles en entidades financieras públicas a grandes grupos empresarios durante la última década. La firma, una de las agroexportadoras más tradicionales de Argentina, entró en concurso de acreedores en 2020 tras acumular deudas por alrededor de US$ 1.350 millones, con una exposición significativa ante el Banco Nación. El descalabro financiero de la compañía, fundada en 1929, generó un intenso debate político y económico sobre el rol del Estado como acreedor y la necesidad de reformas en los mecanismos de control del crédito público, en un país con recurrentes crisis de endeudamiento corporativo que impactan en las arcas estatales.