La reciente decisión del Gobierno nacional de facilitar el patentamiento de vehículos 0 km importados que no se comercializan oficialmente en Argentina ha generado preocupación en el sector automotor. Distintas entidades del rubro advierten sobre disparidades técnicas, regulatorias y de costos frente a los exigentes requisitos que deben cumplir las terminales y los importadores oficiales. La medida habilita el trámite mediante un Certificado de Seguridad Vial (CSV) emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eludiendo el proceso integral de homologación que incluye la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA). Según informó Infobae, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) manifestó su postura tras una reunión técnica interna. La entidad aclaró que no se opone a la iniciativa, pero exigió que se respeten las mismas condiciones técnicas y económicas que rigen para los fabricantes e importadores oficiales. De acuerdo con Adefa, los requisitos para obtener el CSV serían menos estrictos, particularmente en seguridad y emisiones, que los estándares actuales para homologar un modelo destinado al mercado local. A esto se suma una notable diferencia de costos: el CSV tendría un valor de 100.000 pesos, mientras que los procesos tradicionales de homologación implican inversiones muy superiores, con ensayos, pruebas de impacto y calibraciones que pueden extenderse más de un año. Más allá del impacto industrial, la asociación destacó el riesgo para los consumidores, al señalar que los vehículos importados sin respaldo de una terminal o importador oficial carecen de garantía y de un sistema asegurado de repuestos y servicio postventa. El debate también involucra a los importadores no oficiales, conocidos en el sector como “bolseros”, quienes podrían ingresar vehículos desde el exterior sin certificaciones internacionales completas y habilitarlos a circular mediante el CSV, con un esquema de costos reducidos: 100.000 pesos por la primera unidad y 500.000 pesos por cada vehículo adicional similar. Una perspectiva similar expresó la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA). Su presidente, Ernesto Cavicchioli, indicó que la entidad no cuestiona la posibilidad de importar vehículos, pero alertó que el nuevo esquema genera desigualdad frente a los procesos de homologación vigentes, que pueden costar alrededor de 10.000 dólares. Cavicchioli remarcó, además, limitaciones técnicas para verificar el cumplimiento de normas ambientales. Según explicó, no es posible determinar en una revisión técnica común si un vehículo cumple con estándares como Euro 5, ya que se requieren laboratorios especializados, equipamiento y reactivos que no están disponibles en las plantas de RTO. Desde CIDOA también advirtieron sobre posibles inconvenientes mecánicos y ambientales, ya sea por vehículos que no cumplen las normas locales o por unidades diseñadas para estándares superiores que podrían fallar al no contar con repuestos adecuados. En esos casos, el comprador no tendría respaldo de garantía ni provisión asegurada de piezas. Otro punto crítico es el acceso al seguro. Las compañías aseguradoras, explicaron desde el sector, suelen evitar cubrir vehículos sin repuestos en el mercado, y si lo hacen, las pólizas resultan mucho más costosas, ya que cualquier siniestro implicaría importar partes desde el exterior. Finalmente, Cavicchioli enfatizó la importancia de la trazabilidad de los vehículos, información clave para los compradores. A diferencia de los autos comercializados oficialmente, cuyo recorrido desde fábrica hasta concesionario está documentado, los vehículos importados directamente pueden tener antecedentes desconocidos, como daños previos, largos períodos de almacenamiento o faltantes de piezas de seguridad. El debate permanece abierto en el sector automotor, donde sostienen que la simplificación administrativa no debería implicar una reducción de estándares técnicos ni de protección al consumidor. Fuente: infobae.com Contexto histórico: La regulación de la importación y homologación de vehículos en Argentina tiene una larga trayectoria marcada por políticas proteccionistas y aperturas cíclicas. Durante décadas, el país ha alternado entre restricciones a las importaciones para proteger la industria local, especialmente durante los gobiernos peronistas y las crisis económicas, y períodos de liberalización, como en los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem. El proceso de homologación, establecido para garantizar que los vehículos cumplan con normas de seguridad y ambientales, ha sido un tema recurrente de debate entre fabricantes, importadores y el Estado, reflejando la tensión entre la apertura comercial, la protección industrial y los derechos del consumidor.