La reciente decisión gubernamental de facilitar el patentamiento de vehículos importados que no cuentan con distribución oficial en Argentina ha generado preocupación en el sector automotor. Las principales entidades del rubro advierten sobre disparidades técnicas, regulatorias y económicas frente a los exigentes requisitos que deben cumplir las terminales y los importadores autorizados.

La medida habilita el trámite mediante un Certificado de Seguridad Vial (CSV) emitido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eludiendo el proceso integral de homologación que incluye la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA).

Según informó Infobae, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) manifestó su postura tras un encuentro técnico interno. La entidad aclaró que no se opone a la iniciativa, pero exige que se apliquen las mismas condiciones técnicas y económicas que rigen para fabricantes e importadores oficiales.

Adefa sostiene que los requisitos para obtener el CSV serían menos rigurosos, particularmente en seguridad y emisiones contaminantes, comparados con los estándares actuales de homologación para modelos comercializados en el mercado argentino. A esta asimetría se suma una notable diferencia de costos: el CSV tendría un valor de 100.000 pesos, mientras que los procesos tradicionales de homologación demandan inversiones muy superiores, con ensayos, pruebas de impacto y calibraciones que pueden prolongarse más de un año.

Más allá del efecto en la industria, la asociación destacó el riesgo para los compradores, al señalar que los vehículos importados sin respaldo de una terminal o importador oficial carecen de garantía y de un sistema asegurado de repuestos y servicio postventa.

La polémica también involucra a los importadores no oficiales, denominados en el ambiente como “bolseros”, quienes podrían introducir vehículos desde el exterior sin certificaciones internacionales completas y habilitarlos para circular mediante el CSV, con una estructura de costos reducida: 100.000 pesos por la primera unidad y 500.000 pesos por cada vehículo adicional similar.

Una perspectiva coincidente expresó la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA). Su presidente, Ernesto Cavicchioli, indicó que la entidad no cuestiona la posibilidad de importar vehículos, pero alertó que el nuevo esquema crea desigualdad frente a los procesos de homologación vigentes, que pueden alcanzar alrededor de 10.000 dólares.

Cavicchioli subrayó, además, limitaciones técnicas para verificar el cumplimiento de normas ambientales. Explicó que no es posible determinar en una revisión técnica común si un vehículo cumple con estándares como Euro 5, ya que se necesitan laboratorios especializados, equipamiento y reactivos que no están disponibles en las plantas de RTO.

Desde CIDOA también advirtieron sobre potenciales inconvenientes mecánicos y ambientales, ya sea por vehículos que no cumplen las normas locales o por unidades diseñadas para estándares superiores que podrían presentar fallas al no contar con repuestos adecuados. En tales situaciones, el comprador no tendría respaldo de garantía ni provisión asegurada de piezas.

Otro aspecto crítico es el acceso al seguro. Las compañías aseguradoras, según explicaron desde el sector, suelen rehusar la cobertura de vehículos sin repuestos en el mercado, y si lo hacen, las pólizas son considerablemente más costosas, dado que cualquier siniestro implicaría importar partes desde el exterior.

Finalmente, Cavicchioli enfatizó la importancia de la trazabilidad de los vehículos, información crucial para los compradores. A diferencia de los autos comercializados oficialmente, cuyo recorrido desde fábrica hasta concesionario está documentado, los vehículos importados directamente pueden tener antecedentes desconocidos, como daños previos, largos períodos de almacenamiento o faltantes de piezas de seguridad.

El debate permanece abierto en el sector automotor, donde se advierte que la simplificación administrativa no debería conllevar una reducción de estándares técnicos ni de protección al consumidor.

Fuente: infobae.com

Contexto histórico: La regulación de la importación y homologación de vehículos en Argentina tiene una larga trayectoria marcada por políticas proteccionistas y aperturas cíclicas. Durante décadas, el sector automotor ha sido estratégico para la industria nacional, con normas estrictas de homologación que buscaron proteger tanto a la producción local como a los consumidores. Medidas como la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) se implementaron para garantizar que los vehículos cumplan con estándares de seguridad y emisiones. La actual discusión refleja la tensión histórica entre la necesidad de facilitar el acceso a bienes importados y la protección de la industria establecida y los derechos del consumidor, un debate recurrente en la política económica argentina.