La politóloga Julia Strada, investigadora del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), formuló hoy una severa acusación contra la administración de Javier Milei, señalando que ha "desfinanciado el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF)" mediante un ajuste presupuestario que alcanzaría el 70 por ciento este año en comparación con 2023. La advertencia de Strada emerge en un momento crítico, caracterizado por la proliferación de focos ígneos en la región patagónica, un fenómeno que se repite estacionalmente en los últimos años. A través de una publicación en la red social X, la representante de CEPA detalló que el gobierno de Milei "desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: en 2024 ejecutó, en términos reales, 81 por ciento menos que en 2023". Además, enfatizó que la gestión libertaria "en 2025 bajó a 70,8 por ciento y en el presupuesto 2026 (de ejecutarse lo presupuestado), se consolidaría un ajuste real de 70,7 por ciento vs. 2023". Strada agregó un dato adicional sobre la ejecución presupuestaria: "en sus dos años de gobierno (Milei) subejecutó el presupuesto. En 2024 se devengó el 60,6 por ciento del presupuesto inicial y en 2025 apenas el 48,2". En paralelo a esta denuncia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta sobre la situación "crítica" que enfrentan 16 provincias ante el avance de incendios forestales. La lista incluye a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Contexto histórico: Los incendios forestales en la Patagonia y otras regiones de Argentina han sido un problema recurrente y de creciente intensidad en las últimas décadas, agravado por factores como sequías prolongadas, condiciones climáticas extremas y la expansión de la interfaz urbano-forestal. La creación del Servicio Nacional del Manejo del Fuego respondió a la necesidad de coordinar una respuesta nacional ante estos siniestros, que históricamente han causado pérdidas ambientales, económicas y humanas significativas, poniendo a prueba la capacidad de prevención y respuesta del Estado.