En un nuevo giro de la investigación judicial por el caso Vicentin, el Juzgado Federal 10, bajo la dirección del magistrado Julián Ercolini, dispuso el embargo e inhibición de los bienes de exdirectivos del Banco de la Nación Argentina que ejercieron sus funciones durante la administración de Mauricio Macri. La medida judicial responde a la presunta participación de estos funcionarios en un fraude de grandes proporciones contra las arcas públicas. La lista de imputados incluye a dieciocho exfuncionarios del Banco Nación y a varios empresarios del Grupo Vicentin. Entre los primeros se encuentran el expresidente de la entidad bancaria, Javier González Fraga; el exvicepresidente, Lucas Llach; y los exdirectores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce. González Fraga es conocido por una polémica declaración realizada en 2016, en la que afirmó: “Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior”. El embargo también alcanza a otros ejecutivos del banco: Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y Alejandro Fabián Díaz (síndico). Por el lado del conglomerado agroexportador, la medida recayó sobre su presidente, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan. Según la sentencia, difundida por el sitio DataClave, el objetivo del embargo es "asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión". Ercolini también señaló la necesidad de considerar "la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito". Los cargos sostienen que, entre agosto y diciembre de 2019, los funcionarios bancarios y los empresarios habrían generado un perjuicio patrimonial para el Banco Nación por un monto de 304.328.665,75 dólares. Este daño se originó porque las empresas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaron a la entidad pública, según lo reclamado por el propio banco en el concurso preventivo de la primera firma. La resolución judicial detalla que los funcionarios, al apartarse de la normativa, omitieron intimar a las empresas por una deuda vencida y exigible desde el 8 de agosto de 2019, derivada de préstamos por prefinanciación de exportaciones. Además, no retuvieron los fondos depositados en dos cuentas de garantía de Vicentin SAIC en el BNA (la 4280047390 en dólares y la 4280047287 en pesos), por las cuales circularon 795.651.945 dólares y 2.031.118.902 pesos, respectivamente, en ese período. La maniobra permitió que, entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019, se liberaran progresivamente 43.449.104.966 pesos desde esas cuentas de garantía hacia una cuenta corriente sin restricciones (nro. 4282044266), a través de 125 operaciones. Esto impidió que el banco pudiera cobrarse la deuda. Como consecuencia, cuando las nuevas autoridades del BNA asumieron a fines de 2019, solo pudieron retener 6.795.851 dólares, equivalentes a un 2,2% del total adeudado. La Justicia también investiga el otorgamiento irregular de veintiocho préstamos por un total de 105.500.000 dólares, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019. Estos créditos se aprobaron a pesar de que el grupo ya registraba, al 7 de noviembre, una deuda vencida de 149.500.000 dólares que superaba los límites normativos, carecía de calificación crediticia actualizada y no contaba con las autorizaciones y garantías necesarias. El fallo acusa a los empresarios de actuar "en connivencia con los funcionarios del BNA" para defraudar al banco, evitando el pago de obligaciones, solicitando la liberación de fondos garantizados y obteniendo nuevos préstamos sin cumplir los requisitos. Asimismo, habrían desviado fondos bajo custodia del banco para eludir el pago de la deuda. Entre las operaciones sospechosas, se menciona una transferencia de 16.942.805 dólares a una cuenta en el exterior sin justificación aparente, y el canalizamiento de 222.780.392,10 pesos a través de once empresas mediante facturación apócrifa, cuyas actividades declaradas ante el fisco no pudieron ser verificadas. Tras cinco años de investigación, el fiscal Gerardo Pollicita sostiene que hubo una "actuación coordinada" entre autoridades del Banco Nación y empresarios de Vicentin durante la administración de Macri para defraudar al Estado nacional. Según el fiscal, los funcionarios, "lejos de proteger el patrimonio, se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional". La fiscalía estima el perjuicio en aproximadamente 300 millones de dólares. Pollicita destacó que existió una "coordinación" dentro del banco para omitir el cobro de la millonaria deuda, mientras los empresarios actuaron con complicidad. Esta maniobra desarticuló las garantías que tenía el banco y "le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido". **Contexto histórico:** El caso Vicentin se enmarca en una serie de investigaciones por presunta fuga de capitales y fraude al Estado que han marcado la economía argentina en las últimas décadas. La empresa, un gigante agroexportador fundado a principios del siglo XX, entró en crisis en 2020, revelando una compleja red de deudas, principalmente con el Banco Nación. Su intervención y posterior expropiación propuesta por el gobierno de Alberto Fernández generaron un intenso debate político y judicial sobre el rol del Estado, el rescate de empresas privadas y la responsabilidad de los actores económicos y funcionarios públicos en crisis financieras. Este caso evidencia los históricos problemas de supervisión bancaria, la colusión entre poder político-económico y los desafíos persistentes en la lucha contra la corrupción y la defensa del patrimonio público en Argentina.