La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha puesto en marcha una actualización normativa destinada a simplificar y acelerar los procedimientos para declarar y actualizar el domicilio fiscal. Esta iniciativa busca impulsar la transformación digital y reducir la carga burocrática en los procesos administrativos vigentes.

De acuerdo con la Resolución 5809/2026, publicada en el Boletín Oficial, se establece que para las personas físicas, el domicilio fiscal será considerado el lugar donde efectivamente desarrollen su actividad económica.

Para los trabajadores asalariados o aquellos cuyas labores no tengan una ubicación fija, se tomará como referencia el domicilio real de residencia.

En el caso de las empresas y otras entidades jurídicas, el domicilio será el sitio donde se ejerza la dirección superior, la administración ejecutiva o la gerencia principal.

Si la organización cuenta con múltiples centros de operación, se designará como domicilio fiscal la sede de la explotación principal.

Los contribuyentes que deseen impugnar una resolución de domicilio emitida de oficio por el organismo, podrán presentar un recurso de apelación en un plazo máximo de 15 días hábiles administrativos posteriores a su notificación.

La nueva normativa comenzará a regir a partir del 2 de marzo de 2026.

Los cambios de domicilio deberán gestionarse mediante el servicio en línea 'Sistema Registral', accediendo a la opción 'Registro Único Tributario'. Es imprescindible contar con una Clave Fiscal de nivel de seguridad 3 o superior y completar el formulario electrónico 420/D.

Si la nueva dirección ya se encuentra validada en los sistemas de ARCA, el estado se actualizará a 'Confirmado' de manera automática.

Por el contrario, si la dirección no está previamente cargada, será necesario ingresar los datos manualmente y aportar una constancia digital que la acredite. En esta situación, la administración tributaria dispondrá de 7 días hábiles para evaluar y aceptar o rechazar la solicitud.

El incumplimiento del plazo establecido para realizar este cambio conllevará, bajo la nueva legislación, la aplicación de multas que pueden ascender desde $150.000 hasta $35.000.000, un incremento significativo respecto a los montos anteriores, que fluctuaban entre $150 y $45.000.

ARCA se reserva el derecho de establecer un domicilio fiscal de oficio cuando el declarado sea inexistente, esté abandonado o sea desconocido. Se presumirá la inexistencia si al menos dos notificaciones postales son devueltas con leyendas como 'se mudó' o 'dirección inexistente'.

Además, el organismo está facultado para declarar un domicilio fiscal alternativo, fundamentado en información concreta recabada durante inspecciones, el cual tendrá plena validez para todos los efectos de notificación.

Grandes Contribuyentes: las entidades adscritas a esta subdirección pueden establecer un domicilio opcional dentro de su radio jurisdiccional. Este trámite debe realizarse a través de la plataforma 'Presentaciones Digitales'.

Ámbito Aduanero: los auxiliares de comercio exterior y los prestadores de servicios aduaneros están obligados a constituir un domicilio especial dentro del radio urbano de la aduana donde operan. Los permisionarios de depósitos fiscales también deben registrar las direcciones de sus instalaciones bajo este mismo régimen.

Contexto histórico: La modernización de los procedimientos fiscales y aduaneros ha sido un proceso constante en las administraciones tributarias de la región, acelerado en la última década por la necesidad de mejorar la eficiencia recaudatoria y combatir la evasión. La digitalización masiva de trámites, impulsada inicialmente por la pandemia, se ha consolidado como una política de estado para reducir la informalidad y acercar los servicios al contribuyente. Estas reformas suelen enmarcarse en programas más amplios de simplificación administrativa y fortalecimiento institucional, buscando equilibrar el control con la facilitación del cumplimiento voluntario.