El gobierno chino ha decidido poner fin a una exención tributaria vigente por casi tres décadas, aplicando desde este año un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% a medicamentos y dispositivos anticonceptivos. Esta modificación fiscal se enmarca dentro de una estrategia integral del Estado para contrarrestar el declive en los nacimientos y el rápido envejecimiento poblacional, dos desafíos estructurales prioritarios para el país.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, productos como preservativos y píldoras anticonceptivas ahora tributarán bajo la alícuota general que rige para la mayoría de los bienes de consumo. La medida revierte una política impositiva establecida en la década de 1990, cuando el control del crecimiento demográfico era un objetivo explícito de las autoridades.

El contexto actual es crítico: la población de China disminuyó por tercer año consecutivo en 2024, y la tasa de natalidad alcanzó mínimos históricos. Esta caída persiste a pesar de la eliminación de la política del hijo único y de la implementación de diversos incentivos económicos para las familias.

En paralelo al nuevo gravamen, el gobierno ha ampliado las denominadas políticas "favorables a la fertilidad". Estas incluyen la exención del impuesto sobre la renta para subsidios de cuidado infantil, una ayuda económica anual por cada hijo y campañas en universidades que promueven una visión "positiva" del matrimonio, la maternidad y la familia.

Expertos señalan que el descenso de la natalidad es un fenómeno arraigado, vinculado al legado de décadas de restricciones reproductivas, la rápida urbanización, el elevado costo de la crianza, la inseguridad laboral y la desaceleración económica. Estos factores disuaden a muchos jóvenes de contraer matrimonio y formar un hogar.

Durante la Conferencia Central de Trabajo Económico, celebrada en diciembre, las autoridades reiteraron su compromiso de fomentar "actitudes positivas hacia el matrimonio y la procreación" como mecanismo para estabilizar la tasa de nacimientos.

Sin embargo, analistas consideran que el nuevo impuesto tiene un impacto principalmente simbólico y es improbable que, por sí solo, altere la tendencia demográfica. También advierten sobre posibles efectos adversos, como el aumento en el costo del acceso a la planificación familiar, particularmente para los sectores de menores ingresos, lo que podría acentuar desigualdades sanitarias y sociales.

Se anticipaba que China mantendría una tasa de fecundidad extremadamente baja en el año que finalizó, cercana a 1,02 hijos por mujer, con la población total continuando su descenso. Aunque en 2024 se registró un leve repunte de los nacimientos —9,54 millones—, atribuido en parte al Año del Dragón y a factores pospandemia, la tendencia general sigue siendo negativa.

El país, uno de los más poblados del mundo, enfrenta además un acelerado proceso de envejecimiento. Desde 2022, ingresó formalmente en una fase de declive demográfico, y las personas de 65 años o más ya representan más del 14% de la población, umbral que define a una sociedad moderadamente envejecida.

Datos oficiales indican que cerca de 300 millones de ciudadanos chinos tienen 60 años o más. Esta cifra podría superar los 400 millones en 2033 y acercarse a los 500 millones en 2050, momento en el que los adultos mayores representarían casi el 35% de la población total.

En respuesta a este escenario, China relajó progresivamente sus políticas de planificación familiar durante la última década: en 2013 permitió un segundo hijo en ciertos casos, en 2016 eliminó formalmente la política del hijo único y, en 2021, anunció ayudas para las parejas que desearan tener un tercer hijo.

A pesar de estos ajustes, la crisis demográfica persiste. La nueva decisión fiscal refleja las dificultades del Estado para hallar una fórmula eficaz que revierta el declive poblacional sin generar nuevos desequilibrios sociales.

Contexto histórico: La política de planificación familiar en China tiene sus raíces en la segunda mitad del siglo XX, con la implementación de la estricta "política del hijo único" a finales de los años 70. Esta medida, diseñada para controlar el explosivo crecimiento poblacional y acelerar el desarrollo económico, se mantuvo durante más de tres décadas y tuvo profundas consecuencias demográficas y sociales, incluyendo un marcado desequilibrio de género. El giro radical hacia políticas pronatalistas en la última década ilustra la complejidad de gestionar transiciones demográficas a gran escala y los desafíos de corregir a largo plazo los efectos de intervenciones estatales previas.