El director provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Nicolás Aranda, examinó las modificaciones propuestas en el proyecto de reforma del Código Penal que podrían afectar los procedimientos de internación involuntaria. En una entrevista exclusiva, Aranda expresó su preocupación por la posible reintroducción del criterio de "peligrosidad" como justificación para estas internaciones, un concepto que la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 había buscado superar. Según el funcionario, el actual sistema establece que una internación involuntaria solo procede cuando existe un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, y cuando todas las alternativas terapéuticas menos restrictivas han sido agotadas. "El peligro de volver al criterio de peligrosidad es que se abre la puerta a internaciones basadas en apreciaciones subjetivas o estigmatizantes", advirtió Aranda durante la conversación. El director provincial destacó que la ley vigente, sancionada en 2010, prioriza el enfoque de derechos humanos y la atención en la comunidad. "Hemos avanzado hacia un modelo que desinstitucionaliza y promueve la autonomía. Cualquier retroceso en este aspecto significaría un grave perjuicio para los pacientes", afirmó. Los datos del Ministerio indican que, desde la implementación de la ley, las internaciones involuntarias disminuyeron un 40% en la provincia, mientras que los dispositivos de atención comunitaria aumentaron en un 60%. Aranda también se refirió al rol de los equipos interdisciplinarios en la evaluación de cada caso. "La decisión no puede depender de un solo profesional. Requiere la evaluación conjunta de psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y, siempre que sea posible, debe considerar la voluntad del paciente", explicó. El proyecto de reforma, que se encuentra en debate en el Congreso, ha generado polémica entre especialistas, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas con padecimientos mentales. Contexto histórico: La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, sancionada en noviembre de 2010, marcó un punto de inflexión en Argentina al alinear la legislación local con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley reemplazó paradigmas basados en la custodia y la peligrosidad por uno centrado en los derechos humanos, la autonomía y la inclusión social. Su implementación ha sido gradual y enfrentó resistencias de sectores que defendían modelos más restrictivos, reflejando una tensión histórica entre enfoques sanitarios, jurídicos y sociales en el tratamiento de la salud mental.