El director provincial de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Nicolás Aranda, analizó las modificaciones propuestas al protocolo de internaciones involuntarias en la provincia, advirtiendo sobre posibles riesgos en la aplicación de los criterios. En declaraciones a medios locales, el funcionario expresó su preocupación ante la posibilidad de que se reinstaure un paradigma basado principalmente en la "peligrosidad" del paciente, un concepto que considera ambiguo y potencialmente lesivo para los derechos individuales. Aranda destacó que el sistema actual, establecido bajo la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, prioriza la evaluación integral de la persona, considerando su contexto social, apoyo familiar y necesidades específicas de tratamiento, más allá de una mera apreciación de riesgo. "Cuando el criterio único o predominante pasa a ser la peligrosidad, se abre la puerta a subjetividades y estigmatizaciones", afirmó el director, quien recordó que la normativa vigente exige que toda internación involuntaria sea revisada por un órgano de revisión interdisciplinario en un plazo máximo de 5 días hábiles. El profesional señaló que, si bien es indispensable garantizar la seguridad tanto del paciente como de su entorno, cualquier modificación reglamentaria debe fortalecer los mecanismos de protección y no simplificar el proceso hacia una valoración unilateral. Mencionó que, durante el año 2023, en Misiones se registraron aproximadamente 120 internaciones involuntarias, cada una de las cuales contó con la supervisión del Órgano de Revisión provincial. "El desafío es equilibrar la urgencia asistencial con el respeto irrestricto a la autonomía. Volver a modelos antiguos sería un retroceso", concluyó Aranda, haciendo hincapié en la necesidad de capacitar continuamente a los equipos de salud en el enfoque de derechos humanos. Contexto histórico: La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, marcó un punto de inflexión en Argentina al promover un modelo de atención basado en los derechos humanos y la inclusión social, en contraposición al paradigma anterior centrado en el aislamiento y la cronificación de los pacientes en hospitales monovalentes. Esta ley, inspirada en principios internacionales y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableció la prohibición de crear nuevos manicomios y fomentó la creación de dispositivos comunitarios. El debate sobre las internaciones involuntarias refleja la tensión permanente entre la protección de la salud pública y la garantía de las libertades individuales, un dilema que recorre la historia de la psiquiatría desde el siglo XX.