La provincia de Misiones enfrenta una crisis profunda en el ámbito de la discapacidad, caracterizada por una grave falta de recursos económicos y la interrupción de transferencias nacionales. Representantes del sector han elevado una denuncia formal ante las autoridades, señalando retrasos que ya superan los cinco meses en los desembolsos correspondientes al Programa Nacional de Discapacidad. Esta paralización en el flujo de fondos federales impacta directamente en el funcionamiento de más de 120 instituciones locales que brindan servicios esenciales. Estas entidades, que incluyen centros de día, talleres protegidos y hogares, atienden a una población que supera las 5,000 personas con discapacidad en toda la provincia. La falta de liquidez pone en riesgo la continuidad de terapias, apoyos educativos y la provisión de alimentos. "Estamos operando al límite, utilizando reservas y con el personal trabajando en condiciones de enorme precariedad", expresó Juan Pérez, presidente de la Federación Misionera de Entidades de Discapacidad. "Los fondos nacionales son un componente vital de nuestro presupuesto; sin ellos, el sistema colapsa", añadió durante una conferencia de prensa realizada el pasado 15 de octubre. Desde la administración provincial, el ministro de Desarrollo Social, Roberto Gómez, reconoció la gravedad del cuadro. "Hemos girado todas las documentaciones requeridas a Nación y mantenemos un diálogo constante para destrabar esta situación", afirmó. No obstante, no pudo proporcionar una fecha concreta para la normalización de los pagos. La demora afecta específicamente las partidas correspondientes a los subsidios para personal, adecuaciones edilicias y adquisición de insumos terapéuticos, que normalmente se acreditan de manera bimestral. Ante la emergencia, varias organizaciones han iniciado colectas públicas y solicitado créditos puente a entidades bancarias para cubrir gastos básicos de funcionamiento. **Contexto histórico:** El Programa Nacional de Discapacidad fue establecido por la Ley 22.431, sancionada en 1981, con el objetivo de promover la integración social y la plena accesibilidad de las personas con discapacidad. Su implementación ha estado históricamente marcada por tensiones en la coparticipación de fondos entre la Nación y las provincias, un desafío recurrente en el sistema federal argentino que suele acentuarse en períodos de restricción fiscal o cambios en las prioridades de asignación presupuestaria.