Argentina experimentó entre finales de 2023 y mediados de 2025 uno de los ajustes macroeconómicos más severos de su historia contemporánea. El discurso oficial sostenía que, tras un pico inflacionario inicial que elevó drásticamente los índices de pobreza e indigencia, la desaceleración de precios, la modificación de precios relativos y el fortalecimiento de las transferencias sociales focalizadas habían permitido una recuperación rápida y sostenida. Las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) parecían respaldar esta narrativa, mostrando indicadores en descenso a ritmos sin precedentes, acercándose a niveles de 2018-2019 y sugiriendo una restauración completa del poder adquisitivo perdido. Sin embargo, una reciente investigación introduce un matiz fundamental que cuestiona esta interpretación. El documento titulado 'La medición del ingreso y de las tasas de indigencia y de pobreza a través de la EPH-INDEC bajo observación', elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) bajo la coordinación de Agustín Salvia y con autoría de Alejo Giannecchini, Fernando Gallegos y Ramiro Robles, presenta una advertencia técnica de primer orden: la pobreza efectivamente disminuyó, pero no en la magnitud ni con la velocidad que sugieren las estadísticas oficiales. La razón, según los investigadores, no es política, sino estadística. Una modificación estructural en la captación de ingresos por parte de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) ha alterado la comparabilidad temporal de los indicadores. Según el ejercicio contrafactual desarrollado por los autores, menos de un tercio de la caída observada responde a una recuperación real del ingreso de los hogares. El resto corresponde, en gran medida, a un efecto de medición que obliga a repensar cómo interpretamos el bienestar social en contextos de alta volatilidad económica. La discrepancia entre la pobreza monetaria y el bienestar material no es un fenómeno nuevo, pero en el período reciente alcanzó una escala que exige una explicación rigurosa. Mientras las tasas oficiales de pobreza caían casi 10 puntos porcentuales en menos de dos años, otras mediciones del mismo ODSA-UCA, así como datos de empleo, salarios reales, consumo agregado y privaciones materiales, mostraban una recuperación mucho más moderada, e incluso estancada en ciertos estratos sociales. El estrés económico, la capacidad de consumo y la satisfacción de necesidades básicas continuaban registrando niveles comparables a los de 2021-2022, muy por encima de los registros de la posconvertibilidad temprana. Esta brecha entre lo que mide la EPH y lo que reflejan los registros administrativos y las encuestas de condiciones de vida planteó una pregunta ineludible: ¿está cambiando la realidad social o está cambiando el instrumento que la mide? La respuesta, según el equipo de investigación, es una combinación de ambos factores, con un peso significativo y documentado del segundo. El trabajo no busca desacreditar las estadísticas oficiales ni negar los avances reales; su objetivo es someter a escrutinio metodológico la comparabilidad de la serie estadística, un requisito mínimo para cualquier análisis serio de política pública. La EPH es, por definición, un instrumento basado en la declaración. Las familias reportan lo que percibieron el mes anterior, y ese dato se contrasta con el costo de la Canasta Básica Total para determinar si están por debajo de la línea de pobreza. El problema es que ese reporte no es estable en el tiempo. La literatura especializada ha documentado desde hace décadas que las encuestas de hogares subcapturan ingresos, especialmente en contextos de alta informalidad, volatilidad inflacionaria, diversificación de fuentes y desconfianza institucional. Hasta 2023, este sesgo tendía a mantenerse relativamente constante, lo que permitía comparaciones intertemporalmente válidas y el análisis de tendencias. Pero a partir del cuarto trimestre de 2023, la EPH comenzó a registrar un aumento sostenido y acelerado de los ingresos declarados que no tiene correlato en las fuentes administrativas (Sistema Integrado Previsional Argentino - SIPA, Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSeS, índices salariales del INDEC) ni en encuestas paralelas con metodologías similares, como la Encuesta de Trabajo e Ingresos (ETOI) del Instituto de Estudios sobre Ciencia y Bienestar Argentino (IDECBA). En términos simples: los hogares empezaron a declarar más ingresos, sin que esos ingresos hubieran aumentado proporcionalmente en la economía real ni en las planillas de sueldo. La brecha de subreporte, que históricamente oscilaba en un rango predecible, se cerró abruptamente, alcanzando niveles de captación relativa un 11% superiores a los de 2018 y alrededor de un 14% mayores a los del tercer trimestre de 2023. Un fenómeno de esta magnitud, velocidad y persistencia no tiene antecedentes en la serie 2018-2025. El documento evita afirmaciones deterministas, pero identifica factores convergentes. En primer lugar, cambios en el cuestionario introducidos a partir del cuarto trimestre de 2023: la desagregación de jubilaciones, pensiones y programas sociales en preguntas específicas probablemente mejoró la memoria, el reconocimiento y la precisión declarativa. En segundo lugar, la desaceleración inflacionaria pudo facilitar el cálculo y reporte de ingresos nominales, reduciendo el ruido cognitivo que genera la alta volatilidad de precios. Tercero, posibles ajustes en los procedimientos de edición, validación y procesamiento de microdatos por parte del INDEC, comunicados recién en abril de 2025. Ninguna de estas hipótesis explica por sí sola la magnitud del fenómeno, pero su combinación apunta a un cambio metodológico-operativo que altera la serie histórica y exige un análisis de sensibilidad explícito. **El ejercicio contrafactual: aislar el efecto estadístico** Para dimensionar el impacto, los autores no buscaron 'corregir' las cifras oficiales ni estimar un ingreso 'verdadero'. Su objetivo fue más preciso y metodológicamente transparente: evaluar cuánto de la caída de pobreza responde a cambios en la medición. Construyeron un índice de captación relativa comparando los promedios de la EPH con fuentes administrativas de referencia, tomando como base el trimestre de mayor registro (segundo trimestre de 2025). Luego aplicaron coeficientes de ajuste a los microdatos individuales de la encuesta, simulando qué hubiera pasado si el nivel de subcaptación se hubiera mantenido constante a lo largo del tiempo. El procedimiento es explícito en sus supuestos (homogeneidad del cambio por fuente de ingreso) y honesto en sus límites: no reemplaza la medición oficial, pero funciona como una prueba de sensibilidad esencial para interpretar tendencias y evitar lecturas ilusorias. Al controlar el sesgo de captación, la fotografía cambia sustancialmente. El ingreso per cápita familiar promedio, que según los datos observados se recuperaba un 8,6% en el primer semestre de 2025 respecto a 2023, en realidad muestra una variación negativa del 2,2%. La caída durante el ajuste de 2024 fue más profunda (del 20,6% contra el 17% observado), y la recuperación posterior, más acotada. Las tasas de pobreza e indigencia recalculadas siguen una trayectoria descendente, pero con una pendiente mucho más suave. Mientras la pobreza oficial caía casi 10 puntos, la simulación sugiere que la reducción efectiva fue sensiblemente menor, y que la situación socioeconómica actual se asemeja más a la observada en 2021-2022 que a la de 2018. Además, el impacto distributivo es claramente heterogéneo. Los cuartiles inferiores sufrieron contracciones más intensas durante 2024 y muestran una recuperación más rezagada en 2025, con variaciones negativas incluso cuando los datos no ajustados sugieren ganancias. La narrativa de una 'vuelta a la normalidad' o de una recomposición plena del ingreso no se sostiene cuando se controla el cambio en la captación. El ajuste macroeconómico golpeó con mayor fuerza a los estratos bajos, y la recuperación ha sido desigual. **Contexto histórico:** La medición de la pobreza en Argentina ha sido un tema de debate y controversia a lo largo de las décadas, con cambios metodológicos que han generado discontinuidades en las series históricas. Un hito crítico fue la intervención del INDEC en 2007, que generó una crisis de credibilidad en las estadísticas oficiales y llevó a la proliferación de mediciones alternativas por parte de universidades y centros de estudio. La restitución de la credibilidad institucional posterior a 2015 implicó un proceso de transparencia metodológica que, sin embargo, no ha estado exento de nuevos desafíos técnicos. El período 2018-2025, analizado en esta investigación, abarca una de las crisis económicas más profundas del país, con una recesión, una pandemia global, un estallido inflacionario histórico y un severo programa de ajuste fiscal, contextos que tensionan cualquier instrumento de medición social y exigen una lectura crítica de las tendencias estadísticas.