El costo de los medicamentos que afrontan los afiliados al PAMI acumuló un incremento del 638% entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realizado junto con ALGEC y CEPPEMA. La suba corresponde a los remedios analizados por las organizaciones y supera tanto la inflación general como la evolución de las jubilaciones, lo que profundiza las dificultades económicas de quienes necesitan sostener tratamientos médicos.

La comparación arroja una diferencia significativa: mientras los precios de venta al público de los medicamentos más utilizados por las personas mayores aumentaron alrededor del 404%, el costo que efectivamente pagan los afiliados después de aplicar la cobertura de PAMI creció un 638%. En el mismo período, la inflación acumulada fue cercana al 351% y la jubilación mínima, incluido el bono extraordinario, registró una actualización del 306%.

Esto implica que el incremento del gasto farmacéutico relevado superó en 332 puntos porcentuales la evolución del ingreso previsional mínimo con bono. Se trata de una brecha entre variaciones acumuladas que permite dimensionar la pérdida relativa de capacidad de compra, aunque no significa que todos los jubilados hayan experimentado exactamente ese aumento en sus gastos personales.

Los resultados forman parte del informe Ajuste en medicamentos: el caso del Programa Remediar, publicado el 29 de octubre, que reconstruye las modificaciones introducidas desde 2024 en los principales mecanismos nacionales de provisión y cobertura farmacológica. En el capítulo dedicado al PAMI, los investigadores advierten que el encarecimiento de los tratamientos se produjo simultáneamente con cambios en las condiciones para acceder a medicamentos gratuitos y con reducciones en el listado de productos cubiertos.

La combinación resulta especialmente sensible para las personas que necesitan medicación permanente, ya que no siempre tienen la posibilidad de reducir ese consumo sin comprometer la continuidad de sus tratamientos.

El relevamiento identifica aumentos especialmente pronunciados en productos utilizados para tratar enfermedades frecuentes entre las personas mayores. Entre los ejemplos citados aparece Micardis, indicado para la hipertensión arterial, cuyo precio de venta al público acumuló un incremento del 850% entre 2023 y octubre de 2026. En el mismo período, Optamox, un antibiótico a base de amoxicilina, aumentó 844%, mientras que Atlansil, utilizado para determinadas alteraciones del ritmo cardíaco, registró una suba del 600%.

Los tres ejemplos corresponden a precios de venta al público y no deben confundirse con el aumento del 638% calculado para los valores que pagan los afiliados después de aplicar la cobertura de PAMI.

Sin embargo, ambos indicadores reflejan una misma dificultad: los medicamentos registraron incrementos que, en numerosos casos, superaron la evolución de los ingresos y del nivel general de precios. Esta tendencia ya había sido abordada por PRIMERA EDICIÓN en abril, cuando un relevamiento sobre medicamentos de uso frecuente mostró la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. En aquella oportunidad, el análisis comparó los valores de distintos tratamientos con la cantidad de unidades que podían adquirirse mediante el haber mínimo.

La actualización de octubre permite ampliar ese diagnóstico e incorporar el efecto de las condiciones de cobertura de la obra social, que inciden directamente sobre el desembolso final de los beneficiarios.

El informe recuerda que el PAMI brinda cobertura sanitaria a más de 5,3 millones de personas, en su mayoría mayores de 60 años, por lo que cualquier modificación en las condiciones de acceso a medicamentos tiene un alcance considerable.

A diferencia de otros gastos del hogar, los tratamientos indicados para enfermedades crónicas pueden extenderse durante años. En esos casos, incluso aumentos relativamente pequeños en cada producto pueden acumularse dentro del presupuesto mensual de una persona que necesita varios medicamentos. A esa situación se suma el congelamiento del bono previsional de $70.000, que permanece sin modificaciones desde marzo de 2024 y representa una proporción cada vez menor del ingreso total de quienes cobran la jubilación mínima.

Según las cifras utilizadas por CEPA, en octubre de 2026 la jubilación mínima con bono alcanzó aproximadamente $505.749, un monto que debe distribuirse entre alimentación, vivienda, servicios, transporte y gastos relacionados con la salud.

El aumento de los precios no es el único aspecto que analiza el estudio. También reconstruye las modificaciones realizadas desde 2024 en el programa de medicamentos del PAMI. De acuerdo con CEPA, el listado de productos cubiertos pasó de aproximadamente 3.000 a unos 2.000, mientras que diferentes decisiones administrativas modificaron los porcentajes de descuento y las condiciones exigidas para acceder a la gratuidad.

Entre los cambios identificados figuran exclusiones de principios activos que anteriormente tenían cobertura total, la incorporación de medicamentos a categorías con descuentos menores y nuevos requisitos socioeconómicos para solicitar subsidios. En agosto de 2024, por ejemplo, se establecieron criterios vinculados con los ingresos previsionales, la afiliación a sistemas privados de salud y la situación patrimonial de quienes solicitaban medicamentos sin cargo por razones sociales.

El esquema vigente mantiene distintas modalidades de cobertura, por lo que no corresponde afirmar que el PAMI haya eliminado la gratuidad de todos los tratamientos. La obra social continúa contemplando cobertura del 100% para determinadas enfermedades y tratamientos especiales, además de subsidios sociales destinados a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos.

Sin embargo, el acceso a estos últimos beneficios requiere acreditar determinadas condiciones, entre ellas ingresos inferiores a una vez y media el haber previsional mínimo, con excepciones y mecanismos de reconsideración para situaciones particulares. La diferencia entre contar con una cobertura automática y necesitar una evaluación socioeconómica constituye uno de los cambios relevantes del sistema, especialmente para personas que deben gestionar varios tratamientos simultáneamente.

El impacto económico de esas modificaciones también fue analizado por PRIMERA EDICIÓN en mayo de 2025, cuando informó sobre el encarecimiento de los medicamentos y la reducción de la cobertura para jubilados.

La nueva actualización de CEPA sostiene que el deterioro se profundizó durante 2026 y presenta una estimación destinada a dimensionar el valor económico de los beneficios de gratuidad. Según sus cálculos, una cobertura farmacológica gratuita que representaba un ahorro mensual de $84.988 en diciembre de 2024 tendría actualmente un valor equivalente a unos $138.500, aproximadamente el 27% de una jubilación mínima con bono.

Más allá de la evolución de los precios, el informe incorpora datos sobre las dificultades económicas que enfrentan las personas mayores para acceder a servicios de salud.

Según el estudio Vivir y envejecer en contextos de desigualdad, elaborado en 2026 por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina junto con la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, el 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos durante 2025.

El relevamiento también encontró que el 50% de las personas mayores encuestadas evaluó negativamente la cobertura de medicamentos del PAMI, mientras que el 40% expresó una valoración desfavorable sobre la atención de la obra social.

Contexto: El PAMI es una obra social creada en 1971 para brindar cobertura sanitaria a los jubilados y pensionados. A lo largo de las décadas, ha atravesado diversas reformas en su esquema de prestaciones, incluyendo la implementación de copagos y subsidios según criterios socioeconómicos. La evolución de los precios de los medicamentos y su impacto en los ingresos de los adultos mayores ha sido un tema recurrente en el debate público argentino.