El subsecretario de Asuntos Yerbateros del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, Ricardo Maciel, sostuvo que la desregulación del mercado de la yerba mate está acentuando las dificultades económicas de los productores y podría derivar en un nuevo proceso de concentración de la actividad, comparable al que se registró en la década de 1990.

En un análisis sobre la situación del sector, el funcionario provincial puso en duda los efectos de la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, y consideró necesario recuperar mecanismos que permitan equilibrar las relaciones comerciales entre los distintos eslabones de la cadena.

Uno de los principales cuestionamientos de Maciel se dirige al argumento de una supuesta sobreoferta de materia prima, esgrimido por algunos sectores para explicar la caída de los precios que perciben los productores.

Según su postura, los datos históricos de cosecha no permiten atribuir la crisis actual exclusivamente a un exceso de producción, sino que evidencian las diferencias de poder de negociación entre productores e industrias.

El funcionario señaló que en la actualidad el kilogramo de hoja verde se paga alrededor de $285, mientras que el costo de producción se estima en $470, lo que representa una diferencia negativa de $185 por kilogramo para el productor.

Esta situación se ve agravada por el aumento de los costos operativos, en especial los combustibles, la mano de obra y el financiamiento.

Como ejemplo, Maciel recordó que en diciembre de 2023, cuando el INYM aún conservaba sus facultades de fijación de precios, la hoja verde se comercializaba a $400 por kilogramo y el litro de gasoil costaba aproximadamente $360.

En contraste, indicó que hoy el combustible alcanza los $2.500 por litro, mientras que el valor que reciben los yerbateros se ubica incluso por debajo del registrado casi tres años atrás.

A este escenario se suman los incrementos de los costos laborales previstos en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) y las elevadas tasas de interés, que dificultan el acceso al crédito para sostener la actividad.

En ese contexto, advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, la zafra de 2027 podría comenzar con precios similares o incluso inferiores a los de cuatro años antes, pese al fuerte aumento de los costos productivos.

Maciel también puso en discusión la explicación de que los bajos precios responden a un exceso de hoja verde disponible en el mercado.

Para fundamentar su posición, recordó que entre 2015 y 2023 las cosechas se mantuvieron relativamente estables, con volúmenes que oscilaron entre 810 y 880 millones de kilogramos anuales.

En 2024 se registró un máximo de 970 millones de kilogramos, mientras que durante 2025 la producción regresó a sus niveles históricos. Según los datos citados por el funcionario, la zafra gruesa de 2026 cerró con 818 millones de kilogramos.

En paralelo, señaló que el mercado interno y las exportaciones demandan alrededor de 325 millones de kilogramos de yerba mate elaborada por año, cuya producción requiere aproximadamente 975 millones de kilogramos de hoja verde.

A partir de esta relación, consideró que la caída de los precios no puede explicarse únicamente por la disponibilidad de materia prima.

“Si efectivamente existiera sobreoferta, ¿por qué el consumidor no obtiene un beneficio equivalente mediante precios más bajos?”, planteó el funcionario.

En su análisis, sostuvo que el problema central está relacionado con la capacidad de las grandes empresas para establecer las condiciones comerciales en un mercado donde los productores tienen un margen limitado de negociación.

El subsecretario recordó que la actividad yerbatera atravesó una situación similar después de la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), a comienzos de la década de 1990.

Durante ese período, la ausencia de herramientas regulatorias y estadísticas oficiales dificultó el funcionamiento de las mesas de concertación de precios y derivó, según su evaluación, en la salida de numerosos pequeños productores.

Maciel mencionó que incluso se llegó a impulsar un subsidio para que los agricultores con hasta cinco hectáreas dejaran de cosechar, mientras que a comienzos de los años 2000 se propuso reconvertir a unos 8.000 pequeños yerbateros hacia otras actividades agropecuarias.

A su entender, aquellas medidas partían de la premisa de que la reducción del número de productores permitiría corregir los desequilibrios del mercado.

Sin embargo, advirtió que las consecuencias fueron una mayor concentración económica y el debilitamiento de los establecimientos familiares.

En ese sentido, consideró que la situación actual podría conducir a un proceso semejante, con consecuencias no solamente para los productores, sino también para los pequeños y medianos secaderos, las industrias y las cooperativas.

Para fundamentar su planteo, Maciel recordó la crisis yerbatera de 2001 y 2002, cuando el kilogramo de hoja verde llegó a pagarse apenas dos centavos, mientras que los productores reclamaban un mínimo de 16 centavos.

Con la creación del INYM, el escenario comenzó a modificarse.

En agosto de 2002, el Directorio del organismo acordó por unanimidad establecer un precio de 13,5 centavos por kilogramo, considerablemente superior al valor que se pagaba hasta ese momento.

Desde entonces, los precios mínimos se definieron semestralmente mediante acuerdos sectoriales o arbitrajes de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

Maciel destacó que, a diferencia de la antigua CRYM, donde el Estado establecía los valores, el INYM funcionaba como un espacio de negociación entre representantes de los distintos sectores de la cadena yerbatera.

Por ese motivo, rechazó que los precios mínimos constituyeran una imposición política y defendió el mecanismo como una herramienta para equilibrar las relaciones comerciales.

Otro de los aspectos señalados por el funcionario es la concentración del poder de compra en un grupo reducido de empresas.

Según su análisis, las cinco principales industrias tienen una influencia determinante sobre los precios pagados por la materia prima, situación que se ve reforzada por sus capacidades de almacenamiento y procesamiento.

En particular, mencionó los sistemas de estacionamiento acelerado, que permiten reducir los tiempos necesarios para disponer de yerba mate canchada y administrar la oferta industrial.

Maciel también expresó preocupación por la posibilidad de que se debiliten los registros estadísticos y los mecanismos de fiscalización del INYM.

Consideró que la información sobre producción, comercialización y calidad resulta indispensable tanto para los productores como para las propias industrias y los organismos estatales.

En ese marco, cuestionó una eventual reducción de los controles sobre las características del producto comercializado y planteó la necesidad de avanzar en sistemas de tipificación que permitan verificar el cumplimiento de la información declarada en los envases.

Frente a este panorama, el subsecretario sostuvo que la recuperación de las facultades regulatorias del INYM constituye una herramienta necesaria para evitar que las diferencias de poder económico continúen afectando a los sectores más vulnerables de la cadena.

También cuestionó el enfoque del Gobierno nacional de priorizar el abaratamiento de la yerba mate para los consumidores sin contemplar, según su postura, las consecuencias que la reducción de los ingresos tiene para los productores.

Contexto: La actividad yerbatera en Argentina ha atravesado históricamente ciclos de crisis y concentración. La eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) a comienzos de los años 90 derivó en una fuerte caída de precios y en la salida de numerosos pequeños productores. La crisis de 2001-2002, con precios ínfimos para la hoja verde, llevó a la creación del INYM en 2002, que desde entonces funcionó como ámbito de negociación sectorial para fijar precios mínimos. La desregulación dispuesta por el DNU 70/2023 reabrió el debate sobre el rol del Estado en la cadena yerbatera.