El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, celebró la sanción de una ley que amplía las atribuciones del Tribunal de Cuentas para auditar y controlar empresas y sociedades del Estado provincial y municipal. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo a la Legislatura el 15 de octubre, fue aprobada por unanimidad en la última sesión ordinaria del año.

A través de sus redes sociales, el mandatario agradeció a los diputados provinciales por acompañar la propuesta y subrayó que la nueva normativa busca fortalecer los mecanismos institucionales de supervisión sobre el uso de los recursos públicos.

“Agradezco y felicito a la Cámara de Representantes por sancionar como ley el proyecto que envié días atrás para otorgar al Tribunal de Cuentas, de manera explícita y taxativa, el control y la fiscalización sobre las empresas y sociedades del Estado provinciales y municipales”, expresó Passalacqua.

El Gobernador consideró que la aprobación de esta modificación representa una decisión importante para garantizar una mayor supervisión sobre el manejo de los fondos estatales, incluso cuando estos son administrados por empresas constituidas bajo diferentes figuras jurídicas.

“Esto representa un paso fundamental hacia una mayor transparencia y apertura en el manejo del dinero del pueblo misionero, cuya auditoría ahora estará en manos de un órgano de control externo, autónomo e independiente”, sostuvo.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo modifica la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de Misiones para incorporar expresamente dentro de sus atribuciones la fiscalización de las empresas y sociedades estatales.

La normativa alcanza tanto a las entidades pertenecientes a la Provincia como a las municipales, además de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y otras organizaciones empresariales en las que el Estado tenga mayoría del capital o capacidad de decisión.

De esta manera, el organismo podrá ejercer controles externos sobre los recursos públicos administrados por estas entidades, independientemente de la forma jurídica bajo la cual desarrollen sus actividades.

La modificación también establece que los resultados de las fiscalizaciones deberán remitirse anualmente a la Cámara de Representantes, con el propósito de fortalecer el seguimiento institucional sobre la administración de esos fondos.

A su vez, el control deberá circunscribirse a los recursos públicos y respetar las competencias propias de los órganos de administración de cada sociedad.

La ley comenzará a regir el 1 de enero de 2027.

El proyecto había sido remitido a la Legislatura por Passalacqua el 15 de octubre, con el objetivo de precisar el alcance de las competencias del Tribunal de Cuentas y brindar mayor claridad jurídica a sus facultades de fiscalización.

Durante el tratamiento legislativo, el diputado Alejandro Arnhold, miembro informante, explicó que la reforma buscaba fortalecer los mecanismos de control y actualizar el marco normativo para contemplar las distintas modalidades de participación estatal en actividades empresariales.

La propuesta recibió el acompañamiento unánime de los legisladores durante la sesión del jueves 29 de octubre.

Con esta modificación, las empresas y sociedades alcanzadas quedarán expresamente comprendidas dentro del ámbito de fiscalización del organismo provincial, una herramienta que busca ampliar la supervisión sobre el destino y la utilización de los recursos del Estado.

En el cierre de su mensaje, Passalacqua ratificó que su gestión continuará impulsando medidas vinculadas con la transparencia administrativa y el control del dinero público.

“Seguiremos trabajando en acciones concretas para brindar respuestas a nuestra gente: para quienes asumimos la responsabilidad de gobernar, rendir cuentas a diario es una convicción irrenunciable”, afirmó.

Contexto: La ampliación de las facultades de los tribunales de cuentas provinciales para fiscalizar empresas estatales se inscribe en un debate más amplio sobre el control de los recursos públicos y la transparencia en la administración. En los últimos años, diversas jurisdicciones han avanzado en la actualización de sus marcos normativos para adaptarse a las distintas formas jurídicas que adoptan las empresas con participación estatal.