El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) formalizó la creación de un plan orientado a mejorar las condiciones habitacionales y de infraestructura en los barrios populares de Misiones. La medida se oficializó mediante la Resolución Reglamentaria 244/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia.

La normativa establece el Plan Misionero de Desarrollo e Integración de Barrios Populares (MiDIBP), que abarca desde reparaciones de viviendas y mejoras sanitarias hasta regularización de terrenos, infraestructura comunitaria y acciones de desarrollo social.

Según el diagnóstico incluido en los fundamentos de la resolución, Misiones cuenta con 413 barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), donde residen 59.344 familias. Estos sectores se caracterizan por dificultades para acceder a la propiedad formal de la tierra y a servicios esenciales. El registro define barrio popular como un asentamiento de al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de sus habitantes no posee título de propiedad del terreno ni acceso regular a por lo menos dos servicios básicos, como agua corriente, electricidad con medidor domiciliario o red cloacal.

La cantidad de familias identificadas no implica un compromiso de cobertura universal ni significa que todas recibirán asistencia. El plan prevé un mecanismo para seleccionar intervenciones, sujeto a evaluaciones técnicas y sociales y a la disponibilidad presupuestaria.

El programa se organiza en cinco ejes que buscan atender problemas habitacionales y comunitarios de manera conjunta, en lugar de intervenciones aisladas.

Uno de los ejes es la regularización de la tenencia de tierras, mediante herramientas de mediación entre propietarios privados y ocupantes de los barrios, con el propósito de avanzar hacia soluciones que otorguen mayor seguridad jurídica a las familias.

También incluye la reparación y ampliación de viviendas, particularmente aquellas con deterioro en techos, ausencia de instalaciones sanitarias o condiciones de hacinamiento. En ese marco, se contempla la continuidad de herramientas que el organismo ya utiliza, como Plan Techo y Arreglo Mi Casa, destinadas a resolver deficiencias estructurales y mejorar las condiciones de habitabilidad.

Las intervenciones podrán abarcar el reemplazo de cubiertas deterioradas, reparación de paredes, construcción o adecuación de baños, conexiones internas de agua y desagües, además de ampliaciones necesarias para atender situaciones críticas de hacinamiento.

Otro componente está orientado a los espacios de uso comunitario, especialmente comedores, merenderos y centros de contención social reconocidos por los propios barrios. A esto se suman obras de infraestructura básica y mejoras de accesibilidad.

El quinto eje incorpora iniciativas de desarrollo comunitario, como huertas familiares y urbanas, talleres de autoconstrucción, capacitación en oficios y fortalecimiento de organizaciones barriales, en articulación con el programa Trabaja Misiones.

No todas las familias de los barrios incluidos tendrán automáticamente acceso a estas intervenciones. La resolución establece criterios para identificar los hogares con mayores necesidades y determinar qué tipo de asistencia corresponde en cada caso.

Entre las situaciones consideradas prioritarias figuran los hogares con niños, personas mayores o personas con discapacidad; las familias cuyos ingresos resulten insuficientes para afrontar reparaciones por cuenta propia; y aquellas viviendas o instalaciones comunitarias que hayan sufrido daños graves por fenómenos climáticos extraordinarios. En las intervenciones individuales se evaluarán especialmente las filtraciones continuas, el deterioro de techos, la falta de cerramientos, la necesidad de ampliar dormitorios y la ausencia de servicios sanitarios básicos.

El anexo de la resolución establece un procedimiento administrativo de seis etapas, desde la presentación de las necesidades hasta la verificación de los trabajos realizados. Las solicitudes podrán ser formuladas por los propios titulares de las viviendas o canalizadas mediante municipios, referentes barriales y organismos públicos. El IPRODHA también podrá identificar situaciones que requieran intervención a través de sus propios relevamientos. En todos los casos deberá conformarse un registro único de solicitudes, que incluirá datos personales, de contacto y domicilio de quienes requieran asistencia.

Posteriormente, un equipo interdisciplinario realizará una visita a la vivienda para evaluar sus condiciones materiales y la situación social del grupo familiar. El relevamiento incluirá fotografías, información sobre la composición del hogar y datos vinculados con la salud y la vulnerabilidad de sus integrantes.

Sobre esa base se elaborará un dictamen técnico y presupuestario para determinar la solución más adecuada. Una vez aprobada la intervención, se procederá a su ejecución y, posteriormente, a una inspección que permita comprobar los trabajos realizados. Finalmente, la asistencia recibida quedará registrada en el sistema del organismo.

Este procedimiento permitirá documentar las demandas y organizar las respuestas, aunque la resolución no establece una fecha de apertura de inscripciones, un cronograma territorial ni un plazo máximo para resolver las solicitudes. Tampoco fija una cantidad de viviendas que deberán repararse durante 2026 o 2027.

Uno de los aspectos que todavía no aparecen definidos en la nueva normativa es el volumen de recursos que se destinará específicamente al plan. La Resolución 244/2026 no establece una partida presupuestaria propia, montos por familia, objetivos anuales de cobertura ni un calendario de ejecución por municipios.

La implementación se plantea mediante la articulación de programas vigentes y futuros, con intervenciones que deberán ser evaluadas y aprobadas conforme a sus posibilidades técnicas y presupuestarias. En este punto, el nuevo esquema se relaciona con la planificación general del organismo para el próximo ejercicio.

Como informó PRIMERA EDICIÓN en agosto, durante la presentación del proyecto de presupuesto 2027, el presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira, detalló una proyección de 12.367 soluciones habitacionales para el año próximo, considerando distintas líneas de trabajo y regularización dominial. Entre los objetivos mencionados figuraban unas 6.562 intervenciones del Plan Techo, además de 2.970 escrituras y alrededor de 700 boletos de compraventa.

No obstante, esas metas corresponden a la planificación global del Instituto y no pueden atribuirse directamente al nuevo Plan de Desarrollo e Integración de Barrios Populares, ya que la resolución publicada este viernes no establece esa vinculación presupuestaria.

El desafío será determinar cómo se traducirá el instrumento reglamentario en intervenciones concretas, qué barrios serán seleccionados inicialmente y qué recursos estarán disponibles para atender las demandas. La importancia de estas definiciones radica en que los problemas abordados por la normativa no se limitan a la falta de una vivienda adecuada, sino que también comprenden dificultades estructurales de acceso al agua, al saneamiento, a la propiedad formal de los terrenos y a los espacios comunitarios.

Con la resolución publicada, el IPRODHA cuenta con un nuevo marco administrativo para coordinar esas acciones. La cantidad de familias efectivamente alcanzada dependerá de las evaluaciones y de la disponibilidad de recursos.

Contexto: El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) fue creado en 2017 mediante la Ley 27.453, con el objetivo de identificar y registrar los asentamientos informales de todo el país. A partir de ese relevamiento, se elaboraron políticas públicas para la integración socio-urbana de estos barrios. En Misiones, el IPRODHA es el organismo provincial encargado de la política habitacional y ha implementado históricamente programas como Plan Techo y Arreglo Mi Casa.