La Asociación de Inquilinos de Misiones denuncia prácticas que afectan a los inquilinos, como la falta de entrega de copias de los contratos, la discrepancia entre las condiciones prometidas y las reales al ocupar la vivienda, y las dificultades para obtener respuestas ante problemas. Su titular, Adrián Torres, señaló que estas situaciones se dan en un mercado donde las familias enfrentan dificultades económicas y tienen escaso margen para negociar.

En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, Torres describió casos que llegan a la organización a través de consultas y reclamos de personas que alquilan en la provincia.

Uno de los cuestionamientos se refiere a la formalización de los acuerdos. Torres afirmó que existen casos en los que “te hacen firmar en una escribanía, le dan la copia al propietario y a veces vos nunca la recibís. O no firma el propietario y te hacen firmar a vos”.

Según su visión, estas prácticas se sostienen por la necesidad de las familias de acceder a una vivienda, aun cuando no estén conformes con todas las condiciones exigidas. “Como vos tenés la necesidad, tenés que hacer todo lo que te piden”, indicó, y agregó que las dificultades surgen cuando el inquilino intenta ejercer algún derecho o cuestionar lo acordado.

También mencionó casos de personas que, tras firmar, descubren que las condiciones de la propiedad no coinciden con las características prometidas inicialmente.

Otro problema señalado involucra a quienes intervienen en las operaciones inmobiliarias. Según Torres, algunos inquilinos tienen dificultades para obtener respuestas cuando denuncian incumplimientos o problemas en las viviendas alquiladas. En ese marco, cuestionó el comportamiento de ciertos intermediarios, a quienes atribuyó una mayor predisposición para atender los planteos de los propietarios.

“El inmobiliario o el corredor inmobiliario es el intermediario que supuestamente debería garantizar que las cuestiones se resuelvan de manera justa”, expresó. Aunque aclaró que no corresponde generalizar la conducta de todos los profesionales del sector, sostuvo que, según su percepción, existe una tendencia a favorecer los intereses de los propietarios frente a los reclamos de los inquilinos.

“Cuando querés reclamar tus derechos, la cosa se pone complicada”, afirmó.

Además, explicó que, ante determinados conflictos, los intermediarios argumentan que el contrato fue celebrado directamente entre propietario e inquilino, por lo que consideran que no les corresponde intervenir. Esta situación, según describió, deja a muchas familias sin saber a quién recurrir cuando surgen diferencias sobre las condiciones pactadas.

El planteo debe distinguirse del marco jurídico vigente: la derogación de la anterior Ley de Alquileres no eliminó las obligaciones contractuales ni los mecanismos legales para reclamar por incumplimientos. Las relaciones locativas continúan reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, aunque con mayor libertad para establecer plazos, actualizaciones y otras condiciones.

Más allá de los problemas documentales, Torres volvió a cuestionar las condiciones económicas que enfrentan las familias para acceder y permanecer en una vivienda alquilada. Señaló que los precios continúan siendo elevados en relación con los ingresos promedio de los trabajadores misioneros, en un contexto de salarios estancados y aumentos de los gastos cotidianos.

“El sector está en una situación muy complicada, con falta de controles y regulaciones en materia de alquileres. Hay ofertas en el mercado, pero son prácticamente inalcanzables para el salario promedio de un trabajador de la provincia”, sostuvo.

Entre las principales consultas que recibe la asociación mencionó los incrementos durante la vigencia de los contratos y los plazos reducidos que se ofrecen para alquilar. Según indicó, algunos acuerdos contemplan actualizaciones trimestrales y otros establecen condiciones que los inquilinos consideran difíciles de afrontar.

Tras la derogación del régimen especial de alquileres mediante el DNU 70/2023, las partes pueden pactar la duración del contrato y el índice de actualización del precio, dentro de los límites legales aplicables. Torres considera que esta mayor libertad contractual coloca a quienes necesitan una vivienda en una posición desfavorable frente a los propietarios.

“Supuestamente es un acuerdo donde las dos partes dirimen las cuestiones, pero eso es una mentira, porque todos sabemos que el capital, o en este caso la propiedad, está por encima cuando uno tiene una necesidad”, cuestionó.

Para explicar esa desigualdad, comparó la situación de una familia que busca alquilar con la de una persona que necesita aceptar un empleo porque no dispone de otra alternativa. “La gente no está muy conforme con las condiciones que le imponen, pero lamentablemente no tiene otra opción. Una familia tiene que desarrollarse bajo un techo y necesita aceptar lo que el mercado le ofrece”, señaló.

También recordó que la legislación anterior establecía plazos de contratación más extensos y mecanismos específicos de actualización, lo que, a su criterio, permitía organizar mejor la economía familiar. “No es lo mismo saber que tenés 24 meses y podés planificar y desarrollar tu vida, que saber que tenés seis meses y después no sabés qué va a pasar”, ejemplificó.

En ese sentido, remarcó que una mudanza no implica solamente afrontar un nuevo alquiler, sino también reorganizar cuestiones vinculadas con la escolaridad de los hijos, los traslados al trabajo, el transporte público y la estabilidad del grupo familiar. Esta problemática ya había sido abordada por PRIMERA EDICIÓN en julio, cuando la Asociación de Inquilinos advirtió sobre el crecimiento del hacinamiento y las mudanzas fuera de Posadas, ante la imposibilidad de sostener los valores exigidos.

Las dificultades planteadas por Torres aparecen en un escenario donde la disponibilidad de propiedades dejó de ser el principal problema del mercado inmobiliario, aunque persisten diferencias importantes entre los precios pretendidos y la capacidad económica de los interesados.

El pasado 10 de octubre, PRIMERA EDICIÓN informó que la oferta de alquileres en Misiones había superado a la demanda, según la evaluación del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Jorge Ferreira. En aquella oportunidad, el representante del sector explicó que numerosas propiedades permanecían desocupadas porque sus valores excedían las posibilidades de pago de quienes buscaban alquilar, lo que llevaba a algunos propietarios a reconsiderar los montos solicitados.

Desde la Asociación de Inquilinos, sin embargo, Torres sostiene que la existencia de una mayor cantidad de viviendas en oferta no se traduce necesariamente en mejores condiciones de acceso para las familias trabajadoras.

Entre las consecuencias mencionó el regreso de adultos a la vivienda de sus padres, las mudanzas hacia localidades vecinas como Garupá y la búsqueda de opciones más económicas en sectores alejados del centro de Posadas. También afirmó que algunas personas comenzaron a considerar Paraguay como alternativa para reducir sus gastos habitacionales.

Otro fenómeno que describió es la reducción del espacio disponible dentro de las viviendas. “Tenemos inquilinos que están viviendo hacinados con sus hijos. No pueden pagar un departamento de dos o tres ambientes, entonces terminan pagando un monoambiente y viven todos en la misma habitación”, relató.

Contexto: La Ley de Alquileres sancionada en 2020 establecía plazos mínimos de tres años y actualizaciones anuales mediante un índice oficial, pero fue derogada por el DNU 70/2023, que entró en vigencia en diciembre de ese año y devolvió la libertad contractual en plazos y ajustes. Desde entonces, el mercado de alquileres experimentó cambios en la oferta y los precios, con debates sobre su impacto en inquilinos y propietarios.