La Justicia federal dispuso preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones, correspondientes al 27 y 28 de octubre. La medida se enmarca en una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por una presunta colaboración en la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti adoptó la decisión a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, quien solicitó una serie de pruebas preliminares antes de resolver si corresponde impulsar formalmente la investigación.

Entre las diligencias, también se requirió información sobre posibles alertas o notificaciones oficiales enviadas desde Brasil acerca de la situación judicial de Bolsonaro. Asimismo, se pidieron detalles a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles efectuados al avión y a sus pasajeros, según informó Infobae a partir de fuentes judiciales.

La causa se originó en una denuncia del dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, quien solicitó investigar un posible encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.

El planteo busca determinar si hubo una intervención irregular de funcionarios argentinos en el ingreso y la posterior salida del dirigente brasileño, en el contexto de su situación judicial en Brasil.

Según la denuncia, Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú y salió del país a las 23.30 del 27 de octubre en un vuelo privado de la empresa Baires Fly, con destino a Miami, Estados Unidos. Viajó junto a su esposa y sus dos hijas.

Solano sostuvo que el presidente Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según afirmó en su presentación, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes.

El denunciante consideró que la salida del territorio argentino requería controles vinculados con la cooperación judicial internacional y con la situación legal del senador. Por eso, pidió establecer si los organismos estatales argentinos contaban con alertas, requerimientos o información previa sobre el caso.

La presentación también cuestionó que, pese a que Migraciones habría registrado tanto el ingreso de Bolsonaro por Puerto Iguazú como su posterior salida en un vuelo privado, no se hubieran aplicado restricciones. La investigación deberá determinar si existieron omisiones o irregularidades en los mecanismos de control y cooperación internacional.

En paralelo, la Fiscalía de Puerto Iguazú también solicitó medidas de prueba tras recibir una denuncia similar presentada por la diputada Marcela Pagano.

Por el momento, las diligencias dispuestas corresponden a una etapa preliminar y buscan reunir elementos para determinar si existen fundamentos para avanzar con la investigación. La existencia de las denuncias no implica que se hayan acreditado los delitos señalados.

Fuente: Infobae

Contexto: El caso recuerda otros episodios de cooperación judicial internacional en la región, donde las restricciones migratorias y las alertas de la Justicia de un país pueden influir en el tránsito de personas investigadas. La Argentina ha sido parte de mecanismos de asistencia legal mutua con Brasil, aunque cada situación requiere evaluaciones específicas sobre la vigencia de las medidas.