El Ministerio de Justicia de la Nación, mediante la Resolución 515/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, creó la “Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

El propósito principal de este grupo de especialistas es redactar un anteproyecto de ley que permita una reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), cuerpo normativo que rige desde 1967 (Ley 17.454) y cuyo último texto ordenado data de 1981.

Entre los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo subraya la necesidad ineludible de armonizar el régimen procesal nacional con el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN), en vigor desde agosto de 2015.

Después de más de una década de vigencia del derecho de fondo, la subsistencia de normas de forma desactualizadas ha provocado asimetrías operativas en comparación con varias jurisdicciones provinciales que ya modernizaron sus ordenamientos procesales.

Según el artículo 9° de la norma, el anteproyecto deberá regirse por cuatro lineamientos rectores:

La resolución contempla la conformación de dos estructuras internas operativas:

Los integrantes designados cumplirán sus funciones con carácter ad honorem. Además, la Comisión tendrá un plazo máximo de 60 días corridos (contados desde su primera reunión formal) para expedirse y aprobar el texto definitivo, que será elevado a la Secretaría de Justicia para su posterior tratamiento legislativo.

Para los profesionales que se desempeñan en el fuero civil y comercial de la Capital Federal y de la Justicia Nacional, esta medida marca el comienzo de una transformación de gran alcance en la dinámica del litigio.

La migración definitiva hacia un esquema procesal oral e informatizado exigirá una rápida adaptación en el diseño de estrategias procesales, el ofrecimiento de prueba y la gestión de audiencias, con el fin de dotar de mayor celeridad, eficacia y transparencia a los procesos judiciales.

Fuente: Errepar.

Contexto: El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación fue sancionado en 1967 mediante la Ley 17.454, en reemplazo del código anterior de 1880. Su última actualización ordenada se produjo en 1981. En 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, que unificó la legislación civil y comercial, pero no modificó el régimen procesal. Varias provincias han sancionado en los últimos años reformas a sus códigos procesales para incorporar la oralidad y el uso de tecnologías.