A más de seis meses desde que el Poder Ejecutivo promulgó la ley de Modernización Laboral (27.802), la Justicia aún no emitió un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del conjunto de la norma, si bien se registraron fallos que objetaron artículos puntuales.

El expediente de mayor relevancia se tramita ante la jueza en lo Contencioso Administrativo federal 12, Macarena Marra Giménez, a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT) cuando la ley comenzó a regir.

En marzo, la central sindical solicitó en el fuero laboral la suspensión de 81 artículos de la reforma, pedido que fue admitido. Posteriormente, la Cámara aceptó un planteo del Ejecutivo para que la causa pasara al fuero Contencioso Administrativo en lugar del laboral, y en mayo Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar.

Desde entonces, la ley se encuentra plenamente vigente, aunque la magistrada todavía no se expidió sobre el fondo del asunto.

Una fuente de la CGT señaló a iProfesional que, dado que el expediente tramita como juicio sumarísimo (con plazos más breves), en principio estaría en condiciones de resolverse porque no resta producir prueba. No obstante, como la central obrera planteó una cuestión sobre los sujetos intervinientes en el proceso, "tal vez el tribunal esté aguardando que eso esté definitivamente resuelto", precisó el vocero.

En la causa fueron incorporadas la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, por lo que la CGT pidió que se integren las entidades que componen el Consejo Nacional del Empleo, la Producción y el Salario Mínimo Vital y Móvil, solicitud que fue rechazada.

Consultado sobre este escenario judicial, el especialista en Derecho Laboral Ricardo Foglia sostuvo que "la velocidad de los tribunales no coincide con la velocidad de los mortales, pero mientras tanto la ley rige" y consideró que "resolver el fondo de la cuestión va a llevar su tiempo".

"Hay incertidumbre sobre lo que va a suceder, tanto para las empresas como para los empleados", subrayó el letrado.

Tras un pronunciamiento de la jueza de primera instancia, sea cual sea, la decisión será apelada y deberá transitar el camino habitual hacia la Cámara y luego a la Corte Suprema.

Gustavo Velesquen Saenz, abogado laboralista y docente de la UBA, estimó que tal vez pasen más de cinco años hasta que se defina la validez de la norma y recordó que tras el fallo Levinas, la causa también deberá ser analizada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires.

Edgardo Isola, counsel del área de Derecho Laboral del estudio Bomchil, aseguró que esa demora "no se advierte como un riesgo a la vigencia de la ley". En cambio, consideró que "el mayor problema es la incertidumbre generada por una eventual diversidad de criterios por parte de los tribunales de primera instancia".

Foglia sostuvo que las resoluciones judiciales que objetaron la reforma laboral se centraron especialmente en dos temas.

Uno de ellos es la tasa diferencial de los juicios laborales, que -argumentan- va contra los fallos de la Corte Suprema porque a dos personas que están en una situación de igualdad se les aplica un régimen totalmente distinto.

La segunda es el pago de sentencias en 6 y 12 cuotas, que "afecta algunas garantías constitucionales porque uno podría entender el pago de esta forma si hay una situación de crisis económica en curso, pero acá la norma no establece ningún criterio diferenciador", según Foglia.

La llamada modernización tiene otros puntos que también fueron objetados pero que en la práctica se están aplicando. Velesquen Saenz afirmó que "el banco de horas ya funciona plenamente, salvo en empresas que tienen mucho poder sindical" porque "es un acuerdo con el trabajador, que no pasa por el Ministerio ni por paritaria".

Lo mismo ocurre con las vacaciones fraccionadas: a algunas empresas les puede servir productivamente que no se vaya durante demasiado tiempo personal que es estratégico, explicó.

En la misma línea coincidió Isola, que sostuvo que la creación de bancos de horas para compensar horas extra y las modificaciones en materia de jornada son tal vez las modificaciones más atractivas cuya implementación por ahora es muy gradual.

Agregó que la prudencia se debe a que la Argentina tiene una larga tradición de declaración de inconstitucionalidades en materia laboral.

Contexto: La ley 27.802, denominada de Modernización Laboral, fue impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo declarado de flexibilizar el mercado de trabajo, reducir costos laborales y promover la creación de empleo formal. La norma fue promulgada en 2024 y desde entonces enfrenta diversos planteos judiciales. La Argentina registra antecedentes de declaraciones de inconstitucionalidad en materia laboral, lo que ha llevado a los tribunales a analizar con cautela las reformas en este ámbito.