El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó su rechazo al nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales y alertó que la incorporación de nuevas estaciones de peaje podría elevar los costos del transporte y trasladarse al precio final de bienes y servicios.

Ricardo Lasca, coordinador de la entidad, señaló que el modelo profundiza el sistema implementado en la década de 1990 y criticó que se cobre por circular en rutas ya existentes sin ofrecer caminos alternativos a los usuarios.

“Es una nueva estafa vial y es peor a los 90”, declaró en una entrevista con Momarandu.

Según Lasca, el esquema incluiría 54 nuevas estaciones de cobro, que se sumarían a las más de 40 ya operativas, lo que resultaría en puntos de pago aproximadamente cada 90 kilómetros en algunos corredores.

“Si tiene 300 kilómetros, va a haber que pagar tres peajes”, ejemplificó.

El dirigente sostuvo que el costo no solo afectará a los automovilistas, sino también a pasajeros, productores y consumidores, debido a su incidencia en el transporte de mercancías.

“Usted compra un pasaje de micro y está pagando el peaje. Usted compra un kilo de yerba y está pagando el peaje”, afirmó.

Otro de los puntos cuestionados por el CONADUV se refiere a las inversiones que deberán realizar las empresas concesionarias. Lasca indicó que las obligaciones previstas se centrarían principalmente en tareas de conservación, como bacheo y corte de pasto, y no en grandes obras para transformar las rutas.

En ese sentido, criticó que no se contemplen intervenciones de mayor escala, como autopistas, autovías u otras soluciones para reducir los accidentes frontales.

“No va a haber obras de envergadura”, sostuvo, y calificó el esquema como de “inversión cero, riesgo cero” para las compañías.

El dirigente también objetó que algunas firmas vinculadas anteriormente con investigaciones judiciales puedan participar de las nuevas concesiones.

Contexto: Durante la década de 1990, Argentina implementó un amplio proceso de privatizaciones y concesiones de rutas nacionales, que incluyó la instalación de peajes en diversos corredores. Este modelo fue objeto de críticas por parte de usuarios y organizaciones de defensa del consumidor, quienes señalaron falencias en las inversiones comprometidas y en la calidad de los servicios prestados.