La capacidad de las familias y compañías para cumplir con sus obligaciones financieras ha llegado a un punto crítico en el país. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos del Banco Central, en mayo de 2026 unos 5,8 millones de individuos presentaban demoras de más de 90 días con bancos, billeteras virtuales u otros prestamistas.

En total, 20,9 millones de personas tenían algún tipo de deuda financiera. De los 5,8 millones en situación irregular, 3,4 millones debían únicamente a billeteras virtuales y proveedores no bancarios; 1,3 millones solo a entidades bancarias; y 1,1 millones arrastraban atrasos en ambos sistemas.

Esta cifra representa un aumento del 76% en comparación con febrero de 2024, cuando se registraban 3,3 millones de morosos. En el mismo lapso, el número total de endeudados creció apenas un 8,1%, lo que evidencia que el problema central no fue solo la expansión del crédito, sino la creciente incapacidad de pagarlo.

Con los datos del CEPA, la diputada y economista Julia Strada calculó que la deuda promedio de una persona en mora con los bancos asciende a $3.031.476. Si se consideran en conjunto los compromisos bancarios y no bancarios, el promedio ronda los $1,5 millones por deudor irregular.

En términos absolutos, la mayor cantidad de morosos se concentra en la provincia de Buenos Aires, con cerca de 2,2 millones. Le siguen Córdoba, con aproximadamente 500 mil; Santa Fe, con 400 mil; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con alrededor de 340 mil. Estas cifras están influidas por la población de cada distrito y no deben interpretarse como tasas provinciales de irregularidad.

Al analizar el porcentaje de deuda impaga sobre el total del financiamiento, el panorama cambia. La Rioja presenta la tasa combinada de morosidad más alta, con 22,8%, seguida de San Luis (20,1%) y Catamarca (20%). Los niveles más bajos se observan en La Pampa (9,1%), la Ciudad de Buenos Aires (10,1%) y Santa Fe (12,4%).

La morosidad del sector privado con las entidades financieras alcanzó en mayo el 7,6% de la cartera, tras 19 meses consecutivos de aumento. En octubre de 2024, el indicador se ubicaba en apenas 1,5%.

El deterioro fue mucho más marcado entre los hogares que entre las empresas. En las familias, el ratio de irregularidad bancaria pasó de 2,5% a 12,3%, mientras que en las compañías avanzó de 0,7% a 3%. Según el CEPA, la mora bancaria de los hogares alcanzó su nivel más alto desde la crisis de 2001.

Los principales focos de incumplimiento son los préstamos personales y las tarjetas de crédito, que concentraron el 73% del saldo irregular de las familias en abril. La mora llegó al 14,9% en los préstamos personales y al 12,5% en las tarjetas.

Esto refleja una característica central del endeudamiento actual: buena parte del crédito no se destina a inversiones de largo plazo o a la compra de bienes durables, sino a sostener consumos cotidianos, refinanciar saldos anteriores o cubrir gastos que los ingresos corrientes ya no alcanzan a afrontar.

El segmento más comprometido es el de las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros. La mora de las familias con estas plataformas aumentó del 7,3% en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de 2026, superando incluso el máximo del 27,1% registrado durante la paralización económica provocada por la pandemia.

Al sumar bancos y plataformas digitales, la irregularidad de la cartera familiar se ubicó alrededor del 15,5%. El CEPA advierte que las billeteras suelen prestar a tasas más elevadas para compensar el riesgo de otorgar financiamiento a usuarios que, en muchos casos, tienen dificultades para acceder al sistema bancario tradicional.

El informe detectó además un desplazamiento del crédito. Entre abril y mayo, los bancos redujeron en 594.395 la cantidad de deudores con préstamos en situación normal, mientras las billeteras virtuales incorporaron 610.346 usuarios en esa misma categoría.

Para el CEPA, una explicación posible es que parte de las familias esté recurriendo a préstamos digitales para cancelar o refinanciar compromisos bancarios, luego de perder acceso a nuevas líneas en las entidades tradicionales. Al mismo tiempo, las categorías de mayor riesgo crecieron tanto en cantidad de usuarios como en montos dentro del sistema no bancario.

El problema atraviesa todas las edades, pero golpea especialmente a los más jóvenes. El 38,4% de las personas endeudadas de entre 18 y 34 años se encuentra en mora, prácticamente cuatro de cada diez.

Entre los menores de 25 años, el 40,9% de los créditos otorgados por bancos y billeteras presenta irregularidades. Aunque este grupo representa una proporción menor de los montos adeudados, concentra una parte significativa de los casos y alrededor del 80% de sus deudas morosas corresponde a plataformas digitales.

El acceso inmediato desde el teléfono, los menores requisitos y la posibilidad de obtener sumas pequeñas en pocos minutos facilitaron la incorporación temprana al crédito. Sin embargo, esas mismas características exponen a usuarios con ingresos bajos o inestables a tasas más altas y plazos reducidos.

La presión financiera también alcanza a los adultos mayores. Un análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia estimó que más de cuatro millones de jubilados y pensionados mantienen deudas activas, equivalentes al 44,6% del sector. Cerca de medio millón acumularía atrasos superiores a los 90 días.

La situación llevó al Banco Provincia a ampliar su programa de refinanciación, con plazos de hasta 72 meses y tasas especiales desde el 31% anual para casos de sobreendeudamiento. Durante el primer semestre de 2026, la entidad concretó más de 67 mil acuerdos por unos $270 mil millones, 157% más que en el mismo período de 2025.

El aumento de las refinanciaciones muestra que numerosas familias no solamente tienen dificultades para cancelar sus deudas, sino que necesitan extender los plazos para evitar caer definitivamente fuera del sistema crediticio.

Aunque la irregularidad empresarial continúa por debajo de la registrada entre los hogares, el CEPA detectó un deterioro sostenido desde octubre de 2024.

La construcción presenta el nivel más elevado, con una mora del 7% al considerar bancos y proveedores no financieros. Le siguen alojamiento y servicios de comida, con 6,9%; actividades administrativas, con 5,5%; y comercio mayorista y minorista, con 5,1%.

El caso del comercio resulta especialmente relevante porque concentra casi el 30% del crédito corporativo. El aumento de la irregularidad puede traducirse en mayores dificultades para financiar capital de trabajo, reponer mercadería, afrontar salarios o sostener la actividad cotidiana.

El CEPA atribuye el crecimiento de la morosidad principalmente a la caída del poder adquisitivo y al desajuste entre los ingresos familiares y el costo de las cuotas. La entidad sostiene que la desaceleración de la inflación no fue acompañada por una recuperación suficiente de los ingresos ni por una reducción equivalente de las tasas aplicadas al crédito.

Una crítica similar formuló Leonardo Ferrucci, empresario con más de dos décadas de trayectoria en el sistema financiero. “La inflación bajó, pero las tasas siguieron altas”, afirmó, y consideró que parte de la crisis fue generada por la persistencia de préstamos costosos.

Ferrucci sostuvo que las plataformas digitales pueden contribuir a la inclusión financiera, pero advirtió que su efecto depende del modo en que sean utilizadas. Como referencia mencionó a Pix, el sistema de pagos desarroll

Contexto:

Históricamente, la Argentina ha atravesado ciclos de endeudamiento y morosidad vinculados a crisis económicas recurrentes, como la hiperinflación de fines de los 80 y el default de 2001, que marcaron picos de impago. En la última década, la expansión de las billeteras virtuales y el crédito digital ha modificado el mapa del endeudamiento, acercando el financiamiento a sectores antes excluidos, pero también generando nuevos riesgos de sobreendeudamiento.