El Movimiento de Pequeños Productores Autoconvocados de San Antonio emitió un comunicado titulado “La patria no se vende, la tierra se defiende”, en el que manifiesta su oposición a la eventual derogación de la Ley 26.737, norma que restringe la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros en Argentina. La agrupación considera que dicha medida implicaría “la entrega de la soberanía” y amenazaría la continuidad de las chacras familiares en la región fronteriza.

El escrito, rubricado por José Godofrido Ramón, docente y dirigente social, destaca que los miembros del movimiento son “hijos y nietos de pioneros del extremo noroeste de Misiones” y reivindica la labor de quienes colonizaron y trabajaron la frontera. “No heredamos riquezas; heredamos tierra, trabajo, sacrificio y dignidad”, expresa el texto. Asimismo, sostiene que la ley “protege nuestra soberanía, nuestros recursos naturales y nuestras fronteras” y que “la tierra no es una mercancía cualquiera”.

En declaraciones a La Voz de Misiones, Ramón manifestó que los colonos del departamento General Manuel Belgrano están profundamente preocupados por el avance del proyecto que busca modificar la normativa vigente. “Para nosotros no es nada más ni nada menos que la entrega de la soberanía que tenemos”, afirmó.

El vocero relacionó el debate sobre la Ley de Tierras con la difícil situación que atraviesan los pequeños productores, en especial los yerbateros. Según indicó, el gobierno nacional implementó “un plan sistematizado” que comenzó con la desregulación de las economías regionales y la caída de los precios que reciben los colonos por su producción.

“Hoy el producto de la chacra no vale nada. Vinieron por ahí para bajarle el ánimo, para matarlo de hambre y después venir por las tierras”, expresó.

En ese sentido, advirtió que un pequeño productor no puede competir con grandes grupos de inversión y recordó conflictos históricos vinculados a la concentración de la tierra en Misiones. El manifiesto también alude a esas experiencias y señala que la provincia “tiene heridas abiertas y conflictos históricos vinculados al acceso y la tenencia de la tierra”.

Ramón cuestionó especialmente a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, a quienes acusó de haber prometido defender al pequeño productor durante la campaña electoral. “Estuvieron en campaña comprometiéndose con ayudar al minifundista y ahora se esconden, no atienden el teléfono”, sostuvo.

El dirigente reclamó que ambos legisladores rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Senado y consideró que “ya no tendrían que haber aceptado el trabajo en comisión ni dar quórum”.

También dirigió críticas al senador Martín Goerling, al señalar que “salió a decir que esto es un beneficio para la provincia” y pidió que explique “cuál es el beneficio para los colonos”.

Uno de los ejes centrales del planteo es la situación de las tierras en zonas fronterizas. Ramón aseguró que el departamento General Manuel Belgrano se encuentra cerca del límite permitido de propiedad extranjera y advirtió sobre el avance de capitales brasileños en áreas rurales próximas a la frontera.

“La frontera no se defiende solo con fuerzas de seguridad. Se defiende con colonos, productores, docentes y familias que viven y trabajan en ella”, afirmó, en línea con lo expresado en el manifiesto del movimiento.

El dirigente sostuvo que una mayor concentración de tierras en manos extranjeras podría favorecer actividades ilegales como el contrabando, el narcotráfico o la trata de personas, además de afectar recursos estratégicos como el agua y la biodiversidad.

Consultado sobre la postura del gobernador Hugo Passalacqua, quien en distintas actividades públicas manifestó su rechazo a la derogación de la Ley 26.737 y anticipó que solicitará a los senadores misioneros votar en contra, Ramón valoró esa definición política.

“Celebramos que el gobernador se haya manifestado y se haya preocupado por este tema. Eso nos da una esperanza de seguir luchando”, indicó.

Para el dirigente, los senadores nacionales “son la voz y el voto del gobierno de la provincia en el Senado” y, por lo tanto, deberían actuar en consonancia con la posición expresada por el Ejecutivo misionero.

Ramón aseguró que la preocupación también alcanza a los jóvenes de las colonias. Señaló que muchas familias atraviesan serias dificultades económicas y que algunos chicos deben dejar la escuela para ayudar en las tareas de la chacra.

“No pueden comprarse una zapatilla, un cuaderno o los útiles para ir a la escuela. Es sumamente grave lo que está pasando hoy”, afirmó.

El manifiesto advierte que la desaparición de los pequeños productores no solo implica la pérdida de una unidad productiva, sino también el cierre de escuelas rurales, la emigración de los jóvenes y el vaciamiento de las colonias. “Cuando desaparece un pequeño productor no solamente se pierde una chacra. Se pierde una escuela rural, una familia en el campo, trabajo, producción, cultura y soberanía”, sostiene el documento.

El movimiento adelantó que analiza realizar un banderazo y movilizaciones para visibilizar el rechazo al proyecto y convocó a la sociedad misionera a “levantar la voz” en defensa de la tierra y de la agricultura familiar.

En el tramo final del manifiesto, los productores remarcan que su reclamo “no tiene dueño ni color partidario” y que su única aspiración es que las futuras generaciones puedan seguir viviendo y trabajando en las chacras heredadas de sus abuelos. El texto concluye con una definición que resume el espíritu de la convocatoria: “La tierra misionera no se vende. La soberanía no se negocia. Las fronteras se cuidan”.

Contexto:

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales en Argentina, con el fin de proteger la soberanía nacional. A lo largo de los años, ha sido objeto de debate en distintos gobiernos, con intentos de modificación o derogación. En Misiones, la defensa de la tierra ha sido un tema recurrente debido a la historia de colonización y a la presencia de comunidades que dependen de la agricultura familiar.