La diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), Rosi Kurtz, presentó un pedido de informes amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, con el objetivo de conocer los detalles del contrato con la aplicación de telemedicina Alegramed, cuyo servicio fue suspendido por el gobierno provincial para desarrollar una herramienta propia.

Según explicó la legisladora a Plan B, el Ejecutivo tiene un plazo de diez días para responder a su solicitud.

El 8 de junio, Kurtz logró que se aprobara un pedido de preferencia para que el tema fuera tratado en la Comisión de Salud, presidida por Mirta Tartaglino (Renovación). Sin embargo, la iniciativa quedó frenada en esa instancia. "Se trabó en la Comisión, como era de esperar, dijeron que no era competencia de la Comisión pedir estos informes", señaló Kurtz, quien ya había intentado acceder a esa información en otras oportunidades.

Ante este obstáculo, la abogada eldoradense optó por recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública, un mecanismo que, según Plan B, no siempre funciona de manera eficiente en Misiones. En 2021, este medio realizó un pedido similar al Tribunal de Cuentas y recibió respuestas, aunque con datos vagos y poco satisfactorios.

El pedido de informes se centra en el contrato entre Alegramed y el Parque de la Salud. Alegramed pertenece al empresario Augusto Marini, quien tiene vínculos con la familia Rovira y fue portada de la revista Noticias hace un mes, en un informe que destacó sus negocios con la provincia, incluyendo la aplicación y la provisión de paneles solares para parques eólicos.

Marini también estuvo en el centro de la polémica por las amenazas de Tomás Rebord, figura principal de su canal de streaming Blender, quien había advertido que revelaría detalles de los negocios del joven empresario de 30 años con Misiones.

Tras esta controversia y en medio de la interna entre Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua, el Poder Ejecutivo decidió dar de baja a Alegramed. No obstante, no se ha divulgado el contenido del contrato ni el costo que implicó para la provincia. Se mencionó un canon mensual de 9 dólares por usuario, sobre una base de 350.000 usuarios, pero esas cifras nunca fueron confirmadas oficialmente.

Contexto: La relación entre el gobierno provincial y Alegramed ha sido cuestionada en el pasado por falta de transparencia. En 2021, Plan B solicitó información al Tribunal de Cuentas sobre contratos similares, pero las respuestas fueron consideradas insuficientes. Este nuevo pedido busca arrojar luz sobre un acuerdo que ha generado controversia en la opinión pública.