El anuncio del presidente Javier Milei sobre la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central podría ser un paso hacia la disciplina monetaria y la reducción del financiamiento estatal mediante emisión. No obstante, su éxito no depende únicamente del texto legal, sino de acuerdos políticos, estabilidad económica y confianza social en la moneda. Así lo señaló Darío Díaz, economista y científico de datos, en una entrevista con FM 89.3 Santa María de las Misiones, donde analizó el paquete de proyectos presentado por el Gobierno.

Díaz subrayó que, en la historia argentina, las leyes no han asegurado por sí solas el cumplimiento sostenido, la supervisión efectiva ni la estabilidad macroeconómica. "Son condiciones necesarias, pero no suficientes", afirmó.

El especialista aclaró que la propuesta presidencial incluye cuatro proyectos separados, que deberán evaluarse individualmente una vez que se conozcan sus textos completos. El primero busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de que la entidad se enfoque en preservar el valor de la moneda, impedir el financiamiento al Estado mediante emisión y dificultar la remoción de sus autoridades.

Díaz comparó esta iniciativa con el esquema de la década de 1990, cuando la estabilidad monetaria era la prioridad. Ese enfoque cambió en 2012, cuando se añadieron otros fines como la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico y la equidad social.

El Gobierno argumenta que tener múltiples metas diluye las prioridades del organismo. Díaz mencionó ejemplos internacionales: Perú, donde el banco central se centra en la estabilidad de la moneda; Chile, que agrega el funcionamiento de los pagos; y Brasil, que prioriza la estabilidad de precios, seguida del pleno empleo y la estabilidad financiera.

El economista también citó un dato histórico: entre 1923 y 2003, se realizaron 370 reformas de cartas orgánicas en 155 países, lo que refleja una tendencia global a revisar periódicamente las funciones de los bancos centrales y, en muchos casos, a reducir sus objetivos.

La lógica del paquete, según Díaz, parte de que si el Estado mantiene equilibrio fiscal, disminuye la necesidad de emitir dinero para financiar el gasto. Esto podría reducir la presión inflacionaria. Sin embargo, advirtió que atribuir la inflación únicamente a la emisión es una explicación "monocausal".

"Es cierto que la causa primaria aparece cuando hay un exceso de pesos, pero ese exceso no se produce solamente cuando se emite de más. También ocurre cuando la gente deja de confiar en la moneda", explicó.

La pérdida de confianza se manifiesta en una menor demanda de dinero. Si las personas anticipan una devaluación o prefieren otros activos, se deshacen de los pesos, lo que puede alimentar la inflación incluso si la emisión está controlada.

Díaz consideró que la reforma podría ayudar a recuperar credibilidad, pero no reemplaza la necesidad de un programa económico consistente. "Creo que puede ayudar, pero en la Argentina, más que sancionar leyes, se requiere consenso político", resumió.

En cuanto a la autonomía del Banco Central, el economista diferenció entre la independencia formal (legal) y la efectiva (frente a presiones gubernamentales). Citó que en 83 años hubo 61 presidentes en el Banco Central, con una permanencia promedio de aproximadamente un año, y solo uno habría completado su mandato.

La propuesta del Ejecutivo exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para remover al titular del Banco Central. Díaz observó que esto podría crear un desequilibrio si la salida está muy protegida, pero la designación sigue siendo más flexible. "Se puede tener una independencia legal y, sin embargo, que en los hechos esa independencia no exista", señaló.

El segundo proyecto, llamado "grillete fiscal", contempla que si el Estado tiene déficit durante varios meses consecutivos y el Congreso no lo corrige, se suspendan actividades no esenciales. Durante ese período, el Presidente, ministros, diputados y senadores no cobrarían sus salarios, según lo anunciado en cadena nacional.

Díaz consideró que este punto será difícil de implementar, ya que requiere un cambio cultural y político, no solo una ley. "No puede ser solamente una ley que llegó para quedarse. Tiene que convertirse en un cambio cultural y político que llegó para quedarse", sostuvo.

El economista vinculó los déficits fiscales persistentes con la inflación crónica en Argentina, pero advirtió que una regla así solo se sostiene con un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas. "El Gobierno va a necesitar músculo y cintura política para lograrlo. Lo veo complicado", reconoció.

Los otros dos proyectos buscan modificar el mercado de capitales y el régimen de seguros. En el primer caso, se pretende reducir trámites para que las empresas emitan deuda y capten ahorro local más fácilmente, canalizando recursos hacia inversiones productivas. En el segundo, las compañías podrían vender nuevos productos sin autorización previa, mientras el Estado se enfocaría en la solvencia y la prevención del fraude.

Díaz insistió en que aún no se puede evaluar definitivamente porque no se conocen los textos completos. "Por ahora son anuncios. Todavía no tenemos la letra chica de los proyectos y eso es clave", afirmó.

El especialista mostró interés particular en las reformas de capitales y seguros, donde deberán definirse controles, garantías para usuarios y condiciones de flexibilización. "Habrá que ver qué reforma del mercado de bonos y acciones tiene en mente el Gobierno y cómo funcionará el cambio en los seguros. Tenemos que estar atentos a la letra chica", concluyó.

Contexto:

En la historia argentina, las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central han sido frecuentes, con cambios en 1992 y 2012 que modificaron sus objetivos. La independencia del organismo ha sido un tema recurrente, con períodos de mayor y menor autonomía según el gobierno de turno. La inflación crónica y los déficits fiscales han sido desafíos persistentes, lo que explica la atención a estas propuestas.