El Consejo General de Educación (CGE) emitió una nueva resolución que modifica parcialmente una medida anterior, restituyendo la estabilidad laboral de la docente Valeria Paraná como maestra de grado suplente en la Escuela Provincial 958 del paraje Barbacuá, en San Antonio. Sin embargo, el conflicto por el cargo de directora suplente del establecimiento continúa abierto. A través de la Resolución 3376/26, fechada el 11 de junio de 2026, el CGE dejó sin efecto el artículo 2° de la Resolución 3177/26, que había revocado la estabilidad laboral otorgada a Paraná. De esta forma, se restituyó la vigencia de la Resolución 7845/24, que le reconocía estabilidad en un cargo de maestra de grado suplente en la Escuela 958. No obstante, la nueva resolución no implica una restitución plena al cargo directivo. En el mismo instrumento, el CGE rectificó el artículo 5° de la Resolución 3177/26 y dispuso la “inmediata liberación y cobertura reglamentaria del cargo de Director de la Escuela N° 958”, facultando a la Dirección de Educación Primaria a realizar la designación conforme a la normativa vigente. En términos prácticos, la corrección administrativa reconoce nuevamente la estabilidad de Paraná como docente de base, pero mantiene en discusión su continuidad en la función de conducción escolar. Ese punto es uno de los ejes del conflicto que desde hace semanas atraviesa a la comunidad educativa del paraje Barbacuá. En paralelo a la nueva resolución del CGE, la defensa de Paraná avanzó con una presentación ante el fuero contencioso administrativo para solicitar la nulidad de la Resolución 3177/26. La abogada de la docente confirmó que se tuvo por promovida la demanda, que fue reconocida como representante legal de Paraná y que se admitió la documental presentada en el expediente. “Promoví la presentación de la demanda en el juzgado contencioso administrativo para la solicitud de nulidad de la Resolución 3177/26. Hoy se me notifica que se tiene por promovida la demanda, también se me reconoce como representante y se admite toda la documental y la prueba fehaciente que se incluyó”, explicó la letrada. Según indicó, la presentación también apunta a sostener una medida cautelar para evitar nuevos movimientos administrativos mientras se resuelve la cuestión de fondo. “Lo que quiere decir esto es que se frena cualquier otra situación que pueda haber o que se pueda generar en este transcurso hasta que se pueda decidir la situación de fondo. Queda todo en suspenso a la espera de la respuesta que sea favorable, pero ya en vía judicial”, señaló. Ese punto será clave para determinar el alcance real de la intervención judicial: si la cautelar alcanza únicamente a impedir nuevas designaciones, si suspende los efectos de la resolución cuestionada o si obliga a retrotraer la situación administrativa al estado anterior. Mientras tanto, Paraná permanece bajo atención médica luego de la huelga de hambre que inició frente al CGE en reclamo por su situación laboral. De acuerdo con allegados a la docente, durante las últimas horas fue asistida por un cuadro de descompensación y se le realizaron distintos estudios médicos. La intención de su entorno es que, una vez que reciba el alta y se encuentre en condiciones, sea informada formalmente sobre las novedades administrativas y judiciales del caso. El conflicto en la Escuela 958 se arrastra desde mayo, cuando padres y docentes del paraje Barbacuá reclamaron la continuidad de Paraná al frente del establecimiento. La situación derivó en días sin clases, protestas frente a la escuela, cortes sobre la ruta nacional 101 y posteriores presentaciones administrativas y judiciales. Luego de salir del hospital y enterarse de las novedades, la docente decidió regresar a San Antonio. El CGE, mientras tanto, mantiene su postura de quitarle el puntaje docente e instruirle sumario administrativo. Contexto: Este caso se suma a una serie de conflictos previos en escuelas rurales de la provincia, donde la estabilidad laboral de docentes ha sido objeto de disputas administrativas y judiciales, reflejando tensiones recurrentes entre las autoridades educativas y el personal docente.