La estrategia de ajuste del presidente Javier Milei parece haber llegado a un punto de quiebre. Tras dos años y medio de recortes que redujeron el gasto público nacional un 31% en términos reales, los datos más recientes de ejecución presupuestaria indican que la llamada “motosierra” empieza a mostrar fatiga. Las cifras de enero a mayo de 2026 confirman lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado semanas atrás: el equilibrio fiscal ya no puede mantenerse solo con nuevos recortes del gasto. Sin una reactivación económica que incremente la recaudación, el Gobierno podría tener dificultades crecientes para sostener el superávit en el segundo semestre. “Necesitamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva. Para eso tenemos que recaudar más, porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, afirmó Caputo, una declaración que hoy se refleja en los números oficiales. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que accedió el sitio El Destape, el gasto público nacional entre enero y mayo registró un leve aumento real del 0,5% respecto al mismo período de 2025. Es la primera variación positiva desde que Milei asumió la Presidencia. La comparación muestra la magnitud del ajuste aplicado hasta ahora. En los primeros cinco meses de 2024, el gasto había caído un 27,5% frente a 2023, y en igual lapso de 2025, el recorte fue de otro 5,4%. Para los especialistas, la razón es clara: cada vez quedan menos partidas ajustables. “Tenías más posibilidades de recortar presupuesto unos años atrás que ahora, porque entre el 70% y el 80% del gasto actual es inflexible y está indexado por ley”, explicó Hernán Letcher, director de CEPA. El economista advirtió que la caída de la recaudación podría obligar al Gobierno a nuevos ajustes antes de fin de año para mantener el superávit fiscal. “Están rascando el fondo de la olla. Si continúa deteriorándose la recaudación, probablemente tengan que volver a hacer un ajuste importante, con efectos recesivos sobre la economía”, señaló. El profundo recorte también transformó la estructura del gasto público nacional. La seguridad social pasó del 44% del presupuesto en 2023 al 59% en 2026, mientras que los servicios de la deuda subieron del 9% al 12%. En cambio, áreas vinculadas a políticas públicas y desarrollo redujeron su peso relativo. Los recursos para energía, combustibles y minería bajaron del 8% al 4% del presupuesto total, y la promoción y asistencia social cayó del 7% al 2%. El informe de CEPA también indica que, en paralelo al ajuste general, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementó su presupuesto un 34% respecto a 2023. El ajuste acumulado entre 2023 y 2026 impactó especialmente en salud, educación, infraestructura y desarrollo social. Dentro de la función Servicios Sociales, el recorte alcanza el 22,8%, impulsado por reducciones en vivienda y urbanismo (99,5%), agua potable y alcantarillado (92,1%), promoción y asistencia social (75,8%), educación y cultura (47,8%) y ciencia y tecnología (39,4%). La principal partida, correspondiente a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, registra una caída real acumulada del 10,4% desde el inicio de la gestión actual. Aunque las asignaciones familiares mejoraron un 14,2% en términos reales, otros programas sociales sufrieron fuertes reducciones. Los presupuestos de la ANSES, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cayeron significativamente en el período analizado. Contrario al discurso de fortalecimiento del área, la función Defensa y Seguridad acumula un recorte del 25,2% desde 2023. El Ministerio de Seguridad registra una reducción presupuestaria del 22,8%, con caídas en todas las fuerzas federales: la Policía Federal lidera con un ajuste del 31,2%, seguida por la Prefectura Naval (28,3%), la Gendarmería Nacional (27,9%) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (16,1%). Con una economía que aún no consolida una recuperación sostenida y una recaudación que pierde impulso, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal sin margen para profundizar el ajuste. El dilema es cada vez más claro: sin crecimiento, la motosierra ya no alcanza. Contexto: El ajuste fiscal en Argentina ha sido una constante en las últimas décadas, con gobiernos de distinto signo aplicando recortes para controlar el déficit. Durante la crisis de 2001, por ejemplo, se implementaron medidas similares que derivaron en un fuerte descontento social. Más recientemente, el gobierno de Mauricio Macri también recurrió a ajustes, aunque con resultados mixtos. La situación actual recuerda esos episodios, donde la falta de crecimiento económico limitó la efectividad de las políticas de austeridad.