La estrategia de recorte del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei parece haber llegado a un límite. Tras dos años y medio de reducciones que achicaron el gasto nacional en un 31% en términos reales, los datos más recientes de ejecución presupuestaria indican que la llamada “motosierra” empieza a perder efectividad. Las cifras de enero a mayo de 2026 confirman lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado semanas atrás: el equilibrio fiscal ya no puede mantenerse solo con nuevos recortes. Sin una reactivación económica que eleve la recaudación, el Gobierno podría tener problemas para sostener el superávit en el segundo semestre. “Necesitamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva. Para eso tenemos que recaudar más, porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, dijo Caputo, en una declaración que ahora respaldan los números oficiales. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que accedió el sitio El Destape, el gasto público nacional entre enero y mayo subió un 0,5% real respecto al mismo período de 2025. Es la primera variación positiva desde que Milei asumió la Presidencia. La comparación muestra la magnitud del ajuste previo. En los primeros cinco meses de 2024, el gasto había caído un 27,5% frente a 2023, y en igual lapso de 2025, el recorte fue de otro 5,4%. Para los analistas, la razón es clara: cada vez hay menos partidas que se puedan recortar. “Tenías más posibilidades de recortar presupuesto unos años atrás que ahora, porque entre el 70% y el 80% del gasto actual es inflexible y está indexado por ley”, explicó Hernán Letcher, director de CEPA. El economista advirtió que la caída de la recaudación podría forzar al Gobierno a nuevos ajustes antes de fin de año para mantener el superávit fiscal. “Están rascando el fondo de la olla. Si continúa deteriorándose la recaudación, probablemente tengan que volver a hacer un ajuste importante, con efectos recesivos sobre la economía”, señaló. El recorte profundo también cambió la composición del gasto público nacional. La seguridad social pasó del 44% del presupuesto en 2023 al 59% en 2026, mientras que los servicios de la deuda subieron del 9% al 12%. En cambio, áreas de políticas públicas y desarrollo redujeron su peso. Los fondos para energía, combustibles y minería cayeron del 8% al 4% del total, y la promoción y asistencia social, del 7% al 2%. El informe de CEPA también indica que, en paralelo al ajuste general, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementó su presupuesto un 34% respecto a 2023. El ajuste acumulado entre 2023 y 2026 golpeó especialmente a salud, educación, infraestructura y desarrollo social. Dentro de la función Servicios Sociales, el recorte es del 22,8%, impulsado por reducciones en vivienda y urbanismo (99,5%), agua potable y alcantarillado (92,1%), promoción y asistencia social (75,8%), educación y cultura (47,8%) y ciencia y tecnología (39,4%). La principal partida, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, acumula una caída real del 10,4% desde el inicio de la gestión. Las asignaciones familiares mejoraron un 14,2% real, pero otros programas sociales sufrieron fuertes recortes. Los presupuestos de la ANSES, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registraron bajas significativas. En contra del discurso de fortalecimiento del área, la función Defensa y Seguridad acumula un recorte del 25,2% desde 2023. El Ministerio de Seguridad tiene una reducción del 22,8%, con caídas en todas las fuerzas federales: la Policía Federal lidera con un ajuste del 31,2%, seguida por la Prefectura Naval (28,3%), la Gendarmería Nacional (27,9%) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (16,1%). Con una economía que aún no consolida una recuperación sostenida y una recaudación que pierde impulso, el Gobierno enfrenta el desafío de mantener el equilibrio fiscal sin margen para más ajustes. El dilema es cada vez más claro: sin crecimiento, la motosierra ya no alcanza. Contexto: El ajuste fiscal en Argentina tiene antecedentes en crisis previas, como la de 2001, cuando los recortes drásticos llevaron a un colapso económico y social. En aquel entonces, la imposibilidad de sostener el equilibrio fiscal sin crecimiento derivó en default y devaluación. La situación actual, aunque con diferencias, recuerda los límites de políticas de austeridad sin reactivación.