Cada 12 de junio se presenta una oportunidad para impulsar y coordinar acciones entre gobiernos, empresas, sindicatos, la sociedad civil, los medios de comunicación y otros actores locales, como escuelas y municipios, en la erradicación del trabajo infantil.
Unicef señala que "la inserción laboral temprana vulnera varios derechos, perpetúa el ciclo estructural de pobreza de los niños y sus familias y, fundamentalmente, tensiona el cumplimiento efectivo del derecho a una educación de calidad, ya que las trayectorias y el rendimiento educativo de los niños, niñas y adolescentes que trabajan se ven afectadas en mayor proporción que aquellos que no lo hacen".
En Argentina, según el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, más de un millón de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años realizan alguna actividad laboral.
En el país, el trabajo infantil, ya sea remunerado o no, es considerado un delito y una violación de derechos. Aunque el cambio cultural avanza a cierto ritmo, el contexto de pobreza creciente dificulta la erradicación de este flagelo.
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas advierte que unos 168 millones de niños son víctimas del trabajo infantil en el mundo, y que los menores desplazados o refugiados debido a guerras, persecuciones, hambrunas o desastres naturales son especialmente vulnerables a la trata y al trabajo infantil. Además, más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por conflictos, violencia o inestabilidad, según Unicef.
En este marco, la Meta 7 del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº8 de la ONU buscaba "asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil" y "a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas".
Un objetivo que, claramente, ya quedó desactualizado y resulta demasiado ambicioso para el corto plazo, lo que sugiere que este Día seguirá siendo necesario por mucho tiempo más.
Contexto: El trabajo infantil ha sido una preocupación global desde principios del siglo XX, cuando la Organización Internacional del Trabajo adoptó los primeros convenios para proteger a los menores. En Argentina, la Ley 26.390 de 2008 prohibió el trabajo infantil y estableció la edad mínima de admisión al empleo en 16 años, aunque la realidad social sigue desafiando estas normas.
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