En la sede municipal de Dos Hermanas, decenas de familias de esa localidad del norte solicitaron asistencia a las autoridades locales y provinciales para que intervengan ante los pedidos de desalojo inminentes que pesan sobre tierras que habitan y trabajan desde hace más de 30 años. La reunión, que duró varias horas, evidenció la gran inquietud de los residentes de la zona de Puente Alto. Allí, los afectados manifestaron el desamparo que sienten al ver que las propiedades donde criaron a sus hijos y echaron raíces ahora están en litigio judicial por reclamos de los titulares registrales, quienes avanzan legalmente para recuperar los predios que, según los vecinos, les habían sido entregados. Ante esta situación crítica, los vecinos plantearon a las autoridades que “si estás viviendo con el corazón en la boca pensando en que mañana te pueden sacar lo tuyo, no podés proyectar nada”, expresó uno de los productores participantes del encuentro, resumiendo el drama que viven actualmente en el nuevo municipio, que hace pocas semanas cumplió su primer año de vida y que antes pertenecía a Bernardo de Irigoyen. La propuesta de los vecinos no fue improvisada, sino que se basó en la memoria histórica de la región. Durante el debate, los voceros comunitarios señalaron que la alternativa más viable para resolver el conflicto es “replicar el mecanismo institucional que se aplicó en su momento con la Ley de Expropiación de Puente Alto y Colonizadora”. El pedido fue recibido por un frente institucional, que en la mesa tuvo al intendente de Bernardo de Irigoyen, Edgardo Aquino; al interventor de Dos Hermanas, Luis Aquino, y al alcalde de Pozo Azul, Edgar González. La presencia de los jefes comunales refleja que el problema de la tierra no reconoce fronteras municipales y requiere un abordaje regional coordinado. Los mandatarios coincidieron en que “el arraigo de estas familias es un derecho ganado con el trabajo de la tierra durante tres décadas”. Por lo tanto, se comprometieron a canalizar el reclamo ante la Cámara de Representantes para evaluar la factibilidad de un nuevo marco normativo de expropiación que detenga la avanzada judicial. La parte técnica y legal del encuentro estuvo a cargo del subsecretario de Asuntos Registrales y Tierras de la provincia, Daniel Behler, quien escuchó cada uno de los casos y se encargó de analizar la compleja realidad jurídica que atraviesan los lotes en cuestión, marcando la diferencia entre los tiempos de la Justicia Civil y los resortes del Estado provincial. Behler brindó precisiones sobre los aspectos administrativos y judiciales vigentes, explicando cuáles son los procesos legales vinculados a la regularización dominial. El subsecretario destacó la importancia de la mediación y el relevamiento técnico como pasos previos indispensables para cualquier estrategia de defensa legal o de expropiación legislativa. El compromiso final de la jornada consistió en armar un registro unificado de los afectados, sumando también el apoyo de vecinos de localidades vecinas, quienes se acercaron a solidarizarse con esta compleja situación. Contexto: La Ley de Expropiación de Puente Alto y Colonizadora fue un mecanismo institucional aplicado en el pasado en la región para resolver conflictos de tierras similares, que permitió regularizar la situación de familias que ocupaban predios sin título formal.