Tras dos años de movilizaciones federales, huelgas y asambleas, una reunión celebrada este miércoles entre representantes educativos y gubernamental logró un pacto para incrementar los sueldos en un 24,33%, junto con fondos para gastos operativos, becas y mantenimiento de hospitales universitarios. No obstante, los rectores mantendrán su reclamo judicial por el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso. Como parte del acuerdo, se destinarán 50.000 millones de pesos adicionales para los hospitales universitarios, que no estaban incluidos en el presupuesto de 2026, y 80.000 millones ya previstos para esos centros de salud, cuya distribución era exigida. Además, se ofreció un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento y un 50% para las becas Manuel Belgrano, que permanecen congeladas en 81.685 pesos desde 2024. Hasta ahora, las conversaciones estaban estancadas porque el gobierno nacional exigía que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retirara la demanda judicial, algo que los rectores se negaban a hacer. En la reunión participó Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y encargado de la administración del presupuesto universitario del Ejecutivo nacional. Por parte de las universidades, asistieron el presidente y el vicepresidente del CIN: Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Esta propuesta supera a la que la administración libertaria había presentado en el Congreso como ley alternativa, que proponía un 12,3% en tres tramos (marzo, julio y septiembre), pero que nunca prosperó. Sin embargo, el CIN calificó el acuerdo como “un paso importante” pero “de ninguna manera definitorio ni suficiente”, ya que los rectores mantendrán la demanda judicial para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y retomarán las negociaciones salariales el próximo 15 de septiembre. La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Contexto: Este acuerdo se produce en un contexto de tensiones recurrentes entre el gobierno y las universidades, que en años anteriores lograron aumentos salariales mediante movilizaciones y paros, como ocurrió en 2023 con un incremento del 30% tras una huelga de 45 días.