El Gobierno nacional implementó una nueva normativa para las pilas y baterías primarias que se produzcan, importen, ensamblen o vendan en la Argentina. La disposición fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 1/2026 de la Secretaría de Turismo y Ambiente y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La resolución establece nuevas especificaciones técnicas y procedimientos de evaluación de conformidad para estos productos, que están regulados por la Ley de Energía Eléctrica Portátil. El propósito declarado es organizar los estándares de calidad y seguridad aplicables a pilas y baterías primarias comercializadas en el país. Desde la entrada en vigor de la norma, los fabricantes, ensambladores e importadores deberán asegurar el cumplimiento de los requisitos mediante una declaración jurada de conformidad y el procedimiento de evaluación detallado en el anexo técnico. Por su parte, los distribuidores y comercios mayoristas o minoristas deberán poseer una copia simple de esa declaración, ya sea en papel o formato digital, para presentarla cuando se les solicite. Un aspecto relevante de la medida es que la Dirección General de Aduanas, dependiente de ARCA, queda eximida del control documental o físico previsto por esta regulación. Además, la venta de los productos alcanzados no requerirá autorizaciones previas, a menos que una disposición futura indique lo contrario. El cambio se enmarca en una tendencia hacia la simplificación administrativa y la reducción de controles previos. No obstante, también abre un debate sobre cómo garantizar el control ambiental y de seguridad de productos que pueden ser contaminantes, cuando parte de la responsabilidad recae en declaraciones de conformidad, inspecciones posteriores y la obligación de fabricantes, importadores y comercializadores. La resolución contempla sanciones en caso de incumplimiento, según la Ley de Defensa del Consumidor, el régimen de lealtad comercial y otras normativas aplicables, sin perjuicio de posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas. Asimismo, establece que las pilas y baterías que no cumplan con ciertos requisitos técnicos serán consideradas residuos peligrosos bajo la Ley 24.051, lo que las somete a los procedimientos y penalidades de esa ley. La medida también deroga resoluciones anteriores del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible relacionadas con la importación y certificación de estos productos. Los certificados emitidos bajo el régimen anterior mantendrán su validez por el período indicado en cada caso, mientras que los organismos de certificación y laboratorios habilitados conservarán su condición por 12 meses, tiempo en el que deberán adaptarse a los nuevos esquemas. El marcado de conformidad será obligatorio a partir de los 12 meses desde la entrada en vigencia de la resolución, mientras que la norma comenzará a regir desde el séptimo día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial. Desde una perspectiva ambiental, la regulación es significativa porque las pilas y baterías contienen elementos que, si no se ajustan a los límites permitidos o no se gestionan correctamente, pueden suponer riesgos para la salud y el entorno. En el ámbito comercial, modifica las obligaciones de importadores, fabricantes, distribuidores y puntos de venta. Contexto: La gestión de residuos de pilas y baterías ha sido un desafío histórico en Argentina. En el pasado, se implementaron programas de reciclaje y disposición final, pero la falta de infraestructura y la baja conciencia pública limitaron su efectividad. Esta nueva normativa busca equilibrar la desregulación comercial con la protección ambiental, un tema recurrente en la política de residuos del país.