Un tribunal internacional compuesto por especialistas de Ecuador, Colombia, Argentina, Chile y Paraguay determinó que el actual modelo forestal en la provincia de Corrientes constituye un proceso de ecocidio y viola tanto los derechos de la naturaleza como los derechos humanos de las comunidades afectadas. La resolución fue emitida por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza el 27 de mayo, tras la 13ª audiencia local en esa provincia, luego de una visita de campo y una audiencia pública en noviembre de 2024. El tribunal fue presidido por el economista ecuatoriano Alberto Acosta e integrado por Yuvelis Morales (Colombia), Enrique Viale (Argentina), Jacqueline Arriagada (Chile) y Maximiliano Mendieta (Paraguay). La ambientalista correntina Renata Nicora Chequin actuó como Fiscal de la Tierra. La denuncia fue presentada por la organización Defensores del Pastizal, con el apoyo de comunidades campesinas, organizaciones socioambientales, investigadores y representantes de pueblos indígenas. Durante las audiencias se presentaron testimonios, estudios científicos y relevamientos territoriales sobre el impacto de los monocultivos forestales en los ecosistemas correntinos. Según la sentencia, Corrientes tiene más de 516.000 hectáreas ocupadas por plantaciones de pino y eucalipto, lo que la convierte en la provincia más forestada del país. El tribunal sostuvo que la expansión de estas especies exóticas avanzó sobre pastizales, humedales y otros ecosistemas nativos mediante políticas de promoción estatal, subsidios y beneficios fiscales que favorecieron el crecimiento del sector en las últimas décadas. Un punto central del fallo es el cuestionamiento a la idea de que estas plantaciones son bosques. Los jueces sostuvieron que los monocultivos industriales no reproducen la biodiversidad ni las funciones ecológicas de un bosque nativo, y que generan procesos de homogeneización ambiental, pérdida de especies y degradación de los ciclos naturales. La sentencia enumera impactos ambientales como la alteración de los ciclos hídricos, la disminución de la disponibilidad de agua, la degradación de suelos, la fragmentación de hábitats naturales y el incremento del riesgo de incendios forestales. También advierte sobre la expansión de especies invasoras y la reducción de la biodiversidad en áreas estratégicas para la conservación. Los jueces señalaron especialmente la situación de especies emblemáticas como el aguará guazú, el tordo amarillo y el yetapá de collar, que dependen de los pastizales y humedales correntinos para su supervivencia. Según la documentación analizada, estas especies habrían visto reducido su hábitat por el avance de las forestaciones industriales. Durante el proceso declararon especialistas como las biólogas Florencia Quijano y María Clara González, de Defensores del Pastizal; el abogado ambientalista Tomás Camarasa; representantes de Guardianes del Y’verá; investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste; productores rurales y miembros de comunidades indígenas guaraníes. Los testimonios coincidieron en señalar problemas vinculados al acceso al agua, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de poblaciones rurales y concentración de tierras. La comunidad indígena Mboi Kua y habitantes del paraje Santa Bárbara expusieron las consecuencias sociales del modelo: dificultades para sostener formas tradicionales de producción, migración y alteraciones en la vida comunitaria. El fallo también cuestiona la actuación de distintos niveles del Estado. Según el tribunal, organismos nacionales y provinciales habrían promovido la expansión forestal sin controles ambientales suficientes ni mecanismos adecuados de protección para los ecosistemas afectados. Incluso remarca que funcionarios invitados a la audiencia no respondieron a la convocatoria. Entre las principales conclusiones, el tribunal reconoció a los pastizales y humedales de Corrientes como sujetos de derechos, con derecho a existir, regenerarse y mantener sus ciclos naturales. Declaró que el modelo forestal provoca un proceso de ecocidio y recomendó avanzar hacia esquemas productivos compatibles con la conservación de los ecosistemas y el respeto a las comunidades locales. La resolución insta al Estado argentino y al Gobierno correntino a implementar planes de restauración ambiental, establecer una moratoria a nuevas plantaciones de especies invasoras, garantizar el acceso al agua y proteger a quienes defienden los derechos ambientales. Además, reclama revisar las políticas públicas que facilitaron la expansión de los monocultivos y promover alternativas sustentables. Contexto: Este fallo se suma a otros pronunciamientos internacionales sobre conflictos ambientales en América Latina, como los casos de la minería en Ecuador o la deforestación en la Amazonía, donde tribunales de derechos de la naturaleza han emitido resoluciones simbólicas que buscan visibilizar impactos ecológicos y sociales.