José Milcíades Giménez, miembro de la central obrera, describió la iniciativa como una “reforma de la esclavitud” y afirmó que el movimiento sindical no fue invitado a participar en procesos de diálogo o consenso antes de su implementación. “Desconocemos lo que se aprobó y hoy tiene fuerza de ley. No fuimos convocados para consensuar nada”, expresó. El dirigente opinó que la reglamentación envía un mensaje directo al movimiento obrero argentino y subrayó que los trabajadores deben recuperar la unidad para hacer frente a las medidas que consideran perjudiciales. En este contexto, reconoció que la fragmentación interna es uno de los principales problemas del sindicalismo actual. “Lograron dividirnos. Una cosa es tener gente y otra es estar divididos, perdiendo la legitimidad de lucha y la fuerza para reclamar”, indicó. Giménez también señaló que el movimiento obrero debería promover acciones conjuntas para solicitar un espacio de diálogo con el Gobierno nacional. “Hay que decirle al Gobierno que queremos una reunión”, sostuvo. Por último, planteó que los gremios de sectores estratégicos como el transporte y los servicios tienen capacidad de presión para hacer oír sus demandas y pidió una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales para recuperar protagonismo en el debate sobre políticas laborales. Contexto: Históricamente, el sindicalismo argentino ha enfrentado períodos de división, como durante las reformas laborales de los años 90, cuando la fragmentación debilitó la capacidad de negociación colectiva.