El proceso de pruebas de detección de sustancias ilegales a funcionarios ya está en marcha, según informaron las autoridades. La medida comenzó con una fase de reglamentación de 30 días y actualmente se están tomando muestras. Un portavoz señaló que la implementación avanza sin contratiempos y que incluso secretarios de ministros ya participaron en los controles. Las pruebas están diseñadas exclusivamente para identificar la presencia de drogas prohibidas, y los resultados pueden obtenerse entre seis y doce horas después de la toma de muestra. El objetivo principal no es punitivo, sino preventivo. "Es fundamental empezar a hablar del consumo problemático y de las adicciones", afirmó el funcionario, quien destacó que se busca establecer una política de medicina preventiva en el ámbito laboral. En caso de un resultado positivo, la persona recibirá acompañamiento y se le ofrecerá tratamiento, ya sea en el sistema público o privado. "La idea es acoger al positivo, ofrecer tratamiento y evitar que continúe con el problema", explicó. El portavoz también advirtió que los problemas de salud mental se agravaron después de la pandemia. "Vemos una necesidad después de la pandemia; aumentaron los casos de depresión, estrés postraumático y consumo problemático de sustancias", señaló. Finalmente, aclaró que, aunque el suicidio es un tema presente en la agenda pública, es un fenómeno multifactorial. "No solo está relacionado al consumo", concluyó. Contexto: En el pasado, otras administraciones implementaron medidas similares para abordar el consumo de sustancias en el ámbito público, aunque con enfoques distintos. Estas iniciativas suelen generar debate sobre la privacidad y los derechos laborales.