El proceso de control de sustancias ilegales entre funcionarios ya está en ejecución, según informaron fuentes oficiales. La iniciativa comenzó con una fase de reglamentación de 30 días y actualmente se están tomando muestras. “Está yendo bien”, aseguró un portavoz, quien señaló que incluso secretarios de ministros ya participaron en los tests. Las pruebas se centran exclusivamente en detectar drogas prohibidas, y los resultados pueden obtenerse entre seis y doce horas después de la toma. El objetivo no es punitivo, sino preventivo. “Es imprescindible empezar a hablar del consumo problemático y de las adicciones”, sostuvo el funcionario, quien explicó que la medida busca implementar una política de medicina preventiva laboral. En caso de un resultado positivo, la persona recibirá acompañamiento y se le ofrecerá tratamiento, ya sea en el sistema público o privado. “La idea es acoger al positivo, ofrecer tratamiento y evitar que continúe con el problema”, detalló. El portavoz también advirtió que los problemas de salud mental se agravaron tras la pandemia. “Vemos una necesidad después de la pandemia; aumentaron los casos de depresión, estrés postraumático y consumo problemático de sustancias”, expresó. Finalmente, aclaró que el suicidio, aunque presente en la agenda pública, es un fenómeno multifactorial. “No solo está relacionado al consumo”, concluyó. Contexto: Esta no es la primera vez que se implementan controles de este tipo en la administración pública. En años anteriores, otros gobiernos provinciales y nacionales han ensayado medidas similares, aunque con enfoques más punitivos. La diferencia ahora radica en el énfasis en la prevención y el tratamiento, en lugar de la sanción directa.